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Vie, Feb

Economía
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Consuelo Ahumada

Ph.D. en Ciencia Política de New York University. Profesora universitaria y consultora independiente.

Con el argumento de que se necesita recaudar los recursos que se han dejado de percibir en los últimos dos años como consecuencia del derrumbe de los precios del petróleo, el Ministerio de Hacienda anunció la presentación de una reforma tributaria al Congreso durante el segundo semestre del presente año. Se trata de una reforma en la cual vienen insistiendo mucho la Ocde y el FMI, entre otras instituciones. La muy poderosa agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P), después de cambiarle la calificación de riesgo soberano a la economía colombiana, de estable a negativa, señaló también que dicha reforma era urgente e inaplazable. En tono perentorio, le advirtió a la administración Santos que, de no hacer con prontitud los ajustes que se requieren, el siguiente paso que adoptará será anunciar una baja de calificación de la economía del país[1].

Para cumplir con dicha orientación, el Gobierno Nacional conformó la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, con el objetivo de estudiar el sistema tributario y presentar propuestas para hacerlo más equitativo y eficiente. En diciembre de 2015, después de diez meses de trabajo, esta presentó su informe final.

Desde la introducción, el informe aclara que la Comisión tuvo un carácter independiente frente al Gobierno Nacional (a pesar de ser presidida por el director de la Dian), propició la participación de distintos sectores y fue receptiva a sus propuestas. Sin embargo, debe decirse de entrada que dicha Comisión resultó bastante homogénea en cuanto al origen y trayectoria académica y/o empresarial y política de sus nueve integrantes. La gran mayoría de ellos han desempeñado cargos importantes en el plano internacional y nacional, en el sector público y privado, y han expresado su compromiso con el orden económico internacional y con el afianzamiento del modelo de desarrollo vigente en el país.

Es necesario destacar que la política tributaria es un mecanismo fundamental para mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y la desigualdad, y sacar adelante las tareas del desarrollo y la construcción de la sociedad del posconflicto. Si se parte de una concepción que privilegie dichos objetivos, una reforma tributaria estructural es indispensable para obtener los recursos financieros con el fin de adelantar las políticas públicas que se requieren.

Por el contrario si, más allá de la retórica, el punto de partida y de llegada de la reforma tributaria es el afianzamiento del modelo económico neoliberal, esta se convierte más bien en un ejercicio tecnocrático, pretendidamente apolítico, cuyo objetivo es alcanzar eficiencia en la recaudación de los ingresos fiscales para que el Estado siga cumpliendo con la función primordial que se le ha asignado en las últimas décadas: garantizar las mejores condiciones para la inversión extranjera, en beneficio del gran capital internacional y nacional. Este ha sido el carácter de las doce reformas tributarias adelantadas en Colombia a partir de la década del 90 y es el caso de la iniciativa presentada ahora por la Comisión.

Aunque en el texto se insiste en que es una reforma estructural, no se busca ningún cambio de fondo en cuanto a la recaudación. El informe no cuestiona el orden económico vigente, los mandatos de las agencias internacionales, el modelo de desarrollo ni el modelo de tributación que predomina en el país. Por ello, las propuestas que se hacen en los distintos capítulos quieren ante todo garantizar las mejores condiciones para la inversión privada, en especial extranjera, a partir de dos supuestos. El primero, que esta genera empleo, favorece la competitividad y el crecimiento económico del país. El segundo supuesto es que los recursos adicionales recaudados se destinarán de manera automática a la inversión social.

De hecho, en el informe se acogen los criterios defendidos en las diversas propuestas tributarias esbozadas para Colombia por los organismos internacionales, cuyos principios básicos se sintetizan en los siguientes:

  1. Los impuestos no pueden desestimular la inversión privada, considerada como la base del crecimiento económico. Por tanto, hay que reducirles los impuestos a los sectores del capital e incrementárselos a los trabajadores. En el informe se propone bajar el umbral de tributación, para que las personas empiecen a pagar impuestos a partir de un salario de $1.500.000 mensuales.

 

  1. La inversión privada en el sector minero-energético debe mantenerse con todas las exenciones y beneficios tributarios, sin tener en cuenta las controversias y conflictos que se han generado debido a su bajísima tributación, a su reducido impacto en cuanto a generación de empleo y al deterioro medioambiental que produce esta actividad.

 

  1. Los impuestos indirectos, en especial el IVA, considerados de carácter regresivo, deben incrementarse para el grueso de la población.

La propuesta de la Comisión es recaudar alrededor de 16 billones de pesos adicionales con la nueva reforma tributaria. El documento plantea la intención de preservar la misma proporción de la tributación frente al PIB, por parte del impuesto a la renta, con lo que se abandona cualquier intención de redistribución, por cuenta de este impuesto, que es el único que brindaría las posibilidades reales de adelantar esta tarea por parte del Estado.

El recaudo adicional de impuestos a las personas naturales llegaría a 5,5 billones de pesos. De ese monto, se espera que los trabajadores asalariados paguen 1,9 billones de pesos y 1,6 billones irían por cuenta de las personas que desarrollan actividades económicas en su conjunto. Los pensionados deberán aportar 1,04 billones, mientras que los rentistas del capital 972.000 millones de pesos. El impuesto a los dividendos proporcionaría 63.000 millones de pesos. En síntesis, el mayor recaudo debe provenir del aporte de los asalariados y los pensionados (2,8 billones de pesos entre los dos).

La Comisión propone que los impuestos indirectos aporten el 80% del nuevo recaudo. Se calcula que el 90% de los productos y servicios que usan las familias están gravados con la tarifa más alta del IVA. Hoy el IVA representa el 26,7% del recaudo total, lo que equivale a 14 puntos del PIB (112 billones de pesos).

Tales son las bases de la reforma tributaria propuesta por la Comisión de expertos. Señalemos que si el objetivo de la reforma fuera contribuir de manera significativa a la redistribución del ingreso, con el objeto de consolidar una sociedad más justa e incluyente con miras al posconflicto, debe partirse de unas premisas distintas a las que se plantean en dicha propuesta. Es prioritario incrementar la presión tributaria, con el fin de que esta se acerque a la capacidad real del país en materia de tributación. Adicionalmente, debe dársele prelación a la tributación directa y proporcional, de carácter progresivo, frente a la tributación indirecta, que es altamente regresiva.

 

[1] “Crédito costoso y más impuestos, los efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 21 de febrero de 2016, p.17.

* Este artículo es una síntesis del trabajo: La propuesta de la Comisión para la Reforma Tributaria y su incidencia sobre los trabajadores: un análisis desde la Economía Política Internacional, publicado por Fescol en junio de 2016.

[1] “Crédito costoso y más impuestos, los efectos de la decisión de S&P”, El Tiempo, domingo 21 de febrero de 2016, p.17.