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Jue, Dic

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La Ministra de Trabajo y empresarios les apuestan a los contratos por horas, a la reforma pensional que amplíe la edad de jubilación y a intervenir en las decisiones de la Corte. Tres medidas regresivas que afectan a la minoría, fortalece la evasión del pago de prestaciones sociales y los índices de informalidad en un país que le apuesta a ahondar la desigualdad.

Francisco Maltés, ejecutivo de la CUT, comenta: “existe una ofensiva del gobierno y de los empresarios contra los derechos de los trabajadores y contra la democracia en este país. Hay un ‘baila baila’ bien calculado donde los gremios dicen unas cosas y el gobierno otras, pero todos apuntan a menoscabar las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores, particularmente, con la reforma laboral, la reforma pensional y la reciente propuesta, del partido de gobierno, de someter a un referendo popular las decisiones de la corte constitucional, escenario que raya con el fascismo, porque terminar con la separación de poderes en Colombia es acabar con los derechos de las minorías”.

Este es el gobierno más cercano y colaborador del mundo empresarial, de ahí la reforma pensional que se avecina, la ley de financiamiento o reforma tributaria, las exenciones a los que más ganan y poco aportar, las omisiones a responsabilidades de descalabros en infraestructura y corrupción, mientras tanto el embudo se ajusta para quienes siempre ponen y poco tienen.

“Lo que pretende el gobierno es acabar Colpensiones y, por ende, con el régimen de prima media, es decir, que haya pensiones por debajo del salario mínimo. De ahí que se venga hablando de un proyecto de ley para que haya contratos por hora en el país, lo que significa legalizar y ahondar la precarización, porque si hoy muchos empresarios no pagan el salario mínimo, se calcula que cerca de dos millones de empleados no reciben ni siquiera el mínimo, cuando se entre a trabajar por horas los trabajadores no ganarán ni para el transporte”.

Este gobierno claramente está continuando la agenda y los daños sociales y laborales del programa de gobierno del 2002, una continuidad lesiva, que no ve las necesidades del país y el pueblo colombiano, con una economía que decrece y una políticas regresivas, arbitrarias y autoritarias que hoy tienen ahorcado a los menos favorecidos, ahondando la brecha de inequidad en el país.

Por ello, las centrales obreras y el movimiento sindical y social realizaron un encuentro extraordinario de emergencia el pasado 4 de octubre, donde se tomaron importantes decisiones. La CUT llevó a cabo se junta nacional los días 3 y 4 de octubre. Entre las conclusiones destacan, el 10 de octubre, apoyar la marcha estudiantil, donde exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno el pasado mes de diciembre; seguidamente, una gran jornada nacional de protesta el 17 de octubre de todos los sectores sociales y desembocar en la realización de un paro nacional el 21 de noviembre, “con el fin de derrotar las intenciones del gobierno de seguir destruyendo al país, la paz, y los elementales derechos de los trabajadores y el pueblo”.

Información tomada de fecode.edu.co