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Lun, Feb

UTOPÍA - AVIANCA MONOPOLIO: PAN Y PEDAZO

Se oculta que la crisis aérea es por el carácter monopólico de AVIANCA, y las artimañas del dueño en el conflicto laboral con los pilotos, para obtener un pedazo más de utilidades a costa del trabajo de sus empleados.

AVIANCA creó un pacto colectivo, figura legalizada en la ley 50 de 1990, por ponencia del senador Alvaro Uribe, cuyo fin es eliminar sindicatos, ofreciendo prebendas salariales y sociales a los trabajadores, en mejores condiciones que el contrato colectivo o convención colectiva, con la imposición de no afiliarse al sindicato. Pacto que se hizo con la Organización de aviadores de Avianca, ODEAA, organización no sindical, que asocia a un grupo de pilotos y hace paralelismo a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, sindicato de pilotos que trabajan en las empresas aéreas colombianas, que en la pasada negociación ganó el pulso al extranjero dueño de AVIANCA, al lograr, por medio tutelas el reconocimientos de los mismos derechos que se le dio a afiliados sindicales para que se salieran de la organización.

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Con la presencia de 170 participantes de 46 sindicatos y 8 departamentos, sesionó el X Encuentro Nacional Estatal, los días 15 y 16 de septiembre de 2017.

Este Encuentro hizo un gran énfasis en el análisis de la situación política nacional, en la continuidad en la aplicación del modelo neoliberal por parte del gobierno del Presidente Santos, de los incumplimientos del mismo con diferentes sectores sociales, y ha acordado la necesidad que el movimiento sindical estatal conmine al gobierno a cumplir el acuerdo de paz suscrito con las FARC y a profundizar los diálogos con el ELN, con el fin que se llegue a un acuerdo con este grupo insurgente.

Frente a los incumplimientos con los pensionados, con las madres comunitarias, y quienes devengan los recargos nocturnos en el sector privado, se llamó a realizar la más amplia unidad y movilización para el cumplimiento de estos acuerdos.

Se pronunció el Encuentro fuertemente contra la pretensión del sector financiero, agrupado en ANIF y del gobierno de incrementar la edad pensión a los 67 años para hombres y mujeres.

Se concluyó que los estatales enfrentamos, entre otras dificultades, las siguientes:

1.La dispersión sindical y la aparición de nuevas “centrales”, cuyo objetivo sindical no está claro.
2.La negativa a las garantías sindicales por parte de los nominadores, en particular los permisos sindicales.
3.El incumplimiento de los acuerdos laborales surgidos de la negociación colectiva de los empleados públicos por parte del gobierno nacional y los territoriales.
4.La aplicación a raja tabla de un concepto del Consejo de Estado que ha permitido que varios nominadores abusando de su autoridad, suspendan el pago de algunas primas a los empleados del orden territorial.
5.La vigencia de la Ley 617/2000 que limita los gastos de funcionamiento y por lo tanto la ampliación de las plantas de personal.
Frente a estas dificultades se acordó por unanimidad un plan de acción que se podría sintetizar de la siguiente manera:

1.Se aprobó impulsar como eje central de la lucha de los empleados públicos, la ampliación de las plantas de personal, iniciando esta batalla con un derecho de petición a las entidades y articular la lucha jurídica, política y la movilización social.
2.Participar en el Foro convocado por Fecode el 27 de septiembre por el incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones.
3.Participar activamente en la Minga y la Gran Jornada de Protesta del 12 de octubre, reivindicando el pliego de 15 puntos presentado por CUT, CTC y CGT, presentado al gobierno en el año 2016. Los estatales se movilizarán ese día por la ampliación de las plantas de personal y el trabajo decente. En Bogotá se propone una movilización a la Función Pública.
4.Participar en la Jornada Continental del 16 de octubre contra el Neoliberalismo.
5.Participar el 10 de diciembre en las diferentes actividades en defensa de los derechos humanos.
6.Visita a los parlamentarios para que se agilice el trámite de los siete proyectos de ley radicados en el Congreso, fruto del acuerdo estatal.
7.Se acordó apoyar todas las acciones que realicen los sindicatos territoriales por el cumplimiento de los acuerdos laborales, en particular, Cali – Valle, Cartagena – Bolívar.
8.Se acordó brindar la más amplia solidaridad a Sintraunicol en la Universidad del Tolima en su lucha por el trabajo decente y contra el clientelismo político.
9.Respaldar con movilización social el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de participación ciudadana”, que acordamos y presentamos como propuesta autónoma del movimiento social y sindical.
10.Llamar a los trabajadores a la participación política, apoyando aquellas propuestas de candidatos que defiendan los intereses de los trabajadores y apoyen sin condicionamiento alguno el proceso de paz.
11.Llamamos a los sindicatos de los entes territoriales a incidir en el presupuesto de la entidad para que se incluyan partidas, para la ampliación de la planta de personal.

CUT – CTC - CGT
FENALTRASE, FECOTRASERVIPUBLICOS, UTRADEC, UNETE

CUT RATIFICA SU ACCIONAR CONTRA EL FLAGELO DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

 

La CUT celebra la sentencia definitiva del Consejo de Estado en la que anula los numerales 4 y 6 del Decreto 583 proferida el 6 de julio de 2017, que pretendía legalizar la tercerización laboral, confirmando con esta decisión que las labores misionales y permanentes deben ser contratadas directamente con las empresas.

La CUT siempre ha afirmado incluso con una demanda interpuesta en 2016, que el Decreto iba en contra de la Sentencia c614 de 2009 de la Corte Constitucional y el artículo 63 de la Ley 1429 que hablan de la prohibición de intermediar labores misionales. De esta manera queda invalidado este instrumento de precarización laboral aplicado por el gobierno y los empresarios para profundizar las formas indebidas de contratación.

“Con este fallo y las recientes sanciones del Mintrabajo queda demostrado la razón que tienen las organizaciones sindicales al demostrar cómo se violan derechos laborales y sindicales mediante la subcontratación. La CUT y los sindicatos seguiremos exigiendo el cese de cualquier forma irregular de contratación, tal y como lo hemos hecho a través de 150 querellas por intermediación ilegal o pactos colectivos, interpuestas ante el Ministerio del Trabajo desde el 2015 contra diferentes empresas, lo cual igualmente ha sido una exigencia de organismos internacionales al gobierno colombiano durante los últimos 5 años”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.

Este fallo constituye un precedente judicial fundamental para la exigencia de formalización laboral que la CUT está solicitando sea incluida en la política de trabajo decente que el Ministerio de Trabajo pretende expedir en los próximos días, así mismo sustenta la petición del movimiento sindical de formalización de cerca del 50% de empleados del sector público y privado afectados por estas perversas formas de contratación.

 Bogotá, 26 de julio de 2017.

Información tomada de cut.org.co

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