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Jue, Nov

CUT RATIFICA SU ACCIONAR CONTRA EL FLAGELO DE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

 

La CUT celebra la sentencia definitiva del Consejo de Estado en la que anula los numerales 4 y 6 del Decreto 583 proferida el 6 de julio de 2017, que pretendía legalizar la tercerización laboral, confirmando con esta decisión que las labores misionales y permanentes deben ser contratadas directamente con las empresas.

La CUT siempre ha afirmado incluso con una demanda interpuesta en 2016, que el Decreto iba en contra de la Sentencia c614 de 2009 de la Corte Constitucional y el artículo 63 de la Ley 1429 que hablan de la prohibición de intermediar labores misionales. De esta manera queda invalidado este instrumento de precarización laboral aplicado por el gobierno y los empresarios para profundizar las formas indebidas de contratación.

“Con este fallo y las recientes sanciones del Mintrabajo queda demostrado la razón que tienen las organizaciones sindicales al demostrar cómo se violan derechos laborales y sindicales mediante la subcontratación. La CUT y los sindicatos seguiremos exigiendo el cese de cualquier forma irregular de contratación, tal y como lo hemos hecho a través de 150 querellas por intermediación ilegal o pactos colectivos, interpuestas ante el Ministerio del Trabajo desde el 2015 contra diferentes empresas, lo cual igualmente ha sido una exigencia de organismos internacionales al gobierno colombiano durante los últimos 5 años”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.

Este fallo constituye un precedente judicial fundamental para la exigencia de formalización laboral que la CUT está solicitando sea incluida en la política de trabajo decente que el Ministerio de Trabajo pretende expedir en los próximos días, así mismo sustenta la petición del movimiento sindical de formalización de cerca del 50% de empleados del sector público y privado afectados por estas perversas formas de contratación.

 Bogotá, 26 de julio de 2017.

Información tomada de cut.org.co

La nueva norma modifica las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley 1850 del 19 de julio de 2017, que establece fuertes medidas de protección al adulto mayor en el país y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono, entre otras disposiciones.

La norma penaliza el maltrato físico, el abandono, la restricción de la libertad y el descuido sobre los mayores de 60 años. Hasta 8 años de cárcel pagará quien incumpla dicha norma.

Quien someta a condición de abandono y descuido a una persona mayor, con 60 años de edad o más y afecte sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Y LAS INSTITUCIONES

Las instituciones no se salvan de las penas: si alguna de ellas, responsable del cuidado de una persona mayor incurre en la misma negligencia, será sancionada con el cierre de los permisos de funcionamiento. Además, pagará una multa por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, cerca de $15 millones de pesos.

Desarrollo

En uno de sus artículos, la Ley 1850 establece que quien someta a condición de abandono y descuido a una persona mayor, con 60 años de edad o más, y afecte sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y en multa de 1 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena además aumentará de la mitad a 3 cuartas partes, cuando se trate de una mujer o de un adulto mayor en condición de discapacidad. Para el responsable de restricción de la libertad a un mayor de 60 años, podrá pagar de 16 a 36 meses de cárcel y pagará multas que van desde 1 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Igualmente, precisa que el abandono de una persona mayor por parte de una institución a la cual corresponde su cuidado por haberlo asumido, será causal para que a dicha institución se le cancelen los permisos de funcionamiento. Además de que esto le acarreará a la institución una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Maltrato físico o sicológico y restricción a la libertad física

En igual sentido, la norma establece penas para quien maltrate física o sicológicamente a las personas mayores de su núcleo familiar. A la par, a dichas penas quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea el encargado del cuidado de un adulto mayor y lo maltrate física o sicológicamente.

En cuanto al maltrato de las personas mayores mediante restricción a la libertad física, la Ley 1850 de 2017 penaliza y establece multas contra quien restrinja la libertad de locomoción a una persona mayor de edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado.

Los comisarios de familia deberán establecer en caso de inconvenientes, quiénes son los responsables de la protección del adulto mayor y de fijar la cuota de alimentos.

Otros asuntos

En otra línea, la Ley ordena al Ministerio de Salud y Protección Social, establecer la ruta de atención inmediata que se le debe prestar al adulto mayor víctima de maltrato en ambientes familiares, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su cuidado y protección.

También abarca las estrategias, políticas, programas, proyectos y acciones que debe poner en marcha el Estado para las personas mayores, así como a los derechos que ellas tienen en materia de nutrición, habitación, vestuario, afiliación al sistema general de seguridad social en salud, recreación y cultura, entre otros.

Igualmente, aborda el tema de los responsables del cubrimiento de la asistencia alimentaria de personas mayores en condición de abandono, descuido o violencia intrafamiliar, las obligaciones económicas derivadas de la prestación de asistencia profesional y alimentaria a los abuelos y abuelas, y los programas de asistencia públicos a personas de la tercera edad.

Otros artículos tratan lo concerniente a los inmuebles destinados a la operación de las granjas para adultos mayores, las redes de apoyo comunitario para las personas de la tercera edad y las funciones del Consejo Nacional del Adulto Mayor, entre otros de los múltiples temas que contiene la ley sancionada por el Presidente de la República.

Información Tomada de: http://asuntosmayores.org/sitio/noticias/bogota-cundinamarca.html

La Unión Sindical Obrera inició un ciclo de seminarios a nivel nacional para coadyuvar la defensa de las pensiones colectivas y luchar contra la limitación establecida en el acto legislativo 01 de 2005.

Rodolfo Vecino, directivo de la USO nacional, explica que esta lucha incluso se concretó en el caso 2958 en la OIT. “Tiene definición del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos de la OIT donde se determina que debe respetarse el derecho incluido dentro de la convención colectiva. Nuevamente el Gobierno, irrespetando el tema de las resoluciones de la OIT y de los acuerdos que suscribe, hoy desconoce la aplicación de esta resolución. Nosotros hemos hecho un largo tránsito, hemos hecho lobby, hemos buscado que se pudiera resolver a través de un CETCOIT aquí en Colombia”.

En esta lucha confluyen sindicatos como Atelca o Anebre, donde también se afecta a cientos de trabajadores. El objetivo conjunto es rescatar este derecho para los trabajadores, que han encontrado todas las negativas posibles del Gobierno.
La USO adelanta una estrategia en dos instancias. Una etapa de carácter jurídico, mediante una serie de conferencias con el abogado Oscar Dueñas, quien asesora a la USO en el tema de pensiones.

El segundo ciclo se cumplió esta semana en Barrancabermeja, donde se iniciarán una serie de procesos de orden colectivo y otros de carácter individual, de acuerdo a las características de los reclamos de los trabajadores. Además, de una serie de asambleas a nivel nacional, para darle herramientas a los trabajadores que les permitan defender el usufructo de este derecho.

La USO invita desde ya a los trabajadores y pensionados a estar atentos a estas convocatorias para que se vinculen y poder ejercer acciones conjuntas.

Toamdo de usofrenteobrero.org

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