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Sáb, Nov

Como lo había anunciado el Dr. Juan José Santacruz Rodríguez, apoderado judicial del proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el día 15 de marzo de 2018, se procedió a interponer la correspondiente acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía bogotana en general, en especial los derechos políticos contenidos en el artículo 40 de la Constitución Política, y aquellos que se desarrollan por el derecho comunitario particularmente en La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta acción de tutela pretende sumarse en forma eficaz y definitiva a lo ya esgrimido por la Corte Suprema de Justicia, que en Sala de Casación Penal de fecha 31 de julio de 2017, determinó no acceder a las pretensiones del Alcalde Peñalosa y por el contrario dar una orden a los organismos del Estado en el sentido de no demorar ni imponer requisitos no contenidos en la ley a la revocatoria.

De igual forma, se pretende zanjar definitivamente la tesis equivocada que ha surgido sobre la violación de topes de financiación. Por ello, se aclara que el defecto sustantivo en que incurrió el Consejo Nacional Electoral al extralimitar sus funciones e interpretar más allá de lo contenido por la norma cuando no le es permito ha generado una vulneración a la democracia participativa de los bogotanos. Así las cosas, explicamos y solicitamos al aparato judicial que la organización sindical NO está sujeta a los límites contenidos en el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 1757 de 2015, (y a la constitucionalidad de dicho artículo que se encuentra analizada en la Sentencia C-150 de 2015), supuesto de hecho que ÚNICAMENTE aplica personas jurídicas o naturales reguladas por el Código de Comercio.

Información tomada de sintratelefonos.org

Información tomada de lasillavacia.com

“Mire doctora, yo tengo 2.000 votos. Mi campaña vale 50 millones de pesos. Setenta, si no me puede conseguir los puestos para mi hija que se acabó de graduar de la universidad y para la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Me los paga a cuotas, 30 por ciento para empezar - se viene el Día de la madre y hay que conseguir para los mariachis y la rifa-, 30 por ciento en septiembre - el mes del amor y la amistad- y 40 para octubre cuando ya se calienta la campaña. Eso es lo que me está ofreciendo el Concejal X, ¿usted cuánto me va a dar?”

Cada vez que el calendario llama a elecciones, se reinaugura el mercado electoral. Y el primer eslabón de la cadena, los ediles que trabajan consiguiendo los votos, empiezan su trámite para definir con qué candidato les conviene irse para ganar las elecciones locales. Un ‘mercado’ que se rige como cualquiera, a punta de oferta y demanda. El candidato que logre sumar más ediles en sus filas, tendrá más posibilidades de ganar. Porque quien ha hecho campaña sabe que el poder de un político se mide por el tamaño de la corte que lo sigue.

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Los servidores públicos que no figuran en la prohibición constitucional sí pueden participar.

En un trascendental fallo del 26 de septiembre en el que el Consejo de Estado revivió la curul del concejal de Bogotá Nelson Castro Rodríguez, cuya elección había sido declarada nula por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte amplió la interpretación sobre la participación en política de servidores públicos.

Castro dejó su cargo porque el tribunal departamental consideró que en su condición de funcionario público no podía participar en las elecciones del 2015, porque en el momento en que se inscribió como candidato al Concejo, el 24 de julio de ese año, y también cuando se ratificó su elección, seis meses después, se desempeñaba como profesional especializado en una división de Operación Comercial de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Sin embargo, el Consejo de Estado tumbó la decisión del tribunal al considerar que los servidores públicos que no tienen expresamente prohibida esa participación en el artículo 127 de la Constitución Política están autorizados para salir al a contienda electoral.

“Lo que se restringe a los servidores exceptuados de la prohibición no es la participación en actividades y controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña”, cita el fallo sobre un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

También dice que los únicos servidores que no pueden aspirar al cargo de concejales son aquellos que ejercen “jurisdicción administrativa, civil, política o militar o quienes hayan intervenido como ordenadores del gasto en la ejecución de recursos”.

En la decisión, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo, la Corte exhortó, además, al Congreso para que expida la ley estatutaria que fue prevista e introducida en el artículo 127 de la Constitución en el 2004 y que debe definir las condiciones en las cuales los servidores pueden participar en política.

En todo caso, Castro todavía no regresaría a su cargo, pues tiene una inhabilidad de 11 años de la Procuraduría para ejercer cargos públicos. La corporación calificó de gravísima esa falta. Esa sanción podría ser revisada por el Consejo de Estado en una eventual demanda.

JUSTICIA -

Tomado de el www.eltiempo.com 

 

DE:         COMITÉ EJECUTIVO CUT BOGOTÁ CUNDINAMARCA.

 

PARA:     ORGANIZACIONES SINDICALES

 

Compañeros y Compañeras:

 

Reciban cordial saludo del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT Subdirectiva Bogotá Cundinamarca.

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