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Lun, Dic

Política
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De las controversias políticas en participación política o participación electoral como diferencias constitucionales en el amedrentamiento anti - democrático de la Procuraduría General de la Nación en una posible aprobación del plebiscito para la Paz de Colombia.

Resulta incongruente con el orden Constitucional colombiano, que de una reunión política en días pasados, del Centro Democrático y de su extensión ideológica en el Estado Social de Derecho, en un órgano de Control Constitucional, llamado Procuraduría General de la Nación, que tiene dentro de sus atribuciones entre otras las señaladas en el artículo 277 del texto Superior[1], se configure una estrategia político – jurídica, que pretenda coaccionar a que los servidores públicos del Estado, no puedan en forma general, participar en la “Controversia Política” sobre, de aprobarse el plebiscito como mecanismo de participación ciudadana por parte de la Corte Constitucional para la refrendación del Acuerdo especial de paz, que suscriba el Estado colombiano y las FARC, en las controversias que conduzcan a sí se aprueba o no por parte de los ciudadanos dicho acuerdo, en el sagrado ejercicio del derecho humano a la libre expresión consagrado tanto como en la Convención.


Americana de Derechos Humanos[2], como en el Artículo 20 de la Constitución Nacional[3], como parte del Sistema Interamericano de derechos humanos en el Continente, cuando precisamente es un tema que conmina el interés general de la sociedad colombiana, de comenzar a cimentar la sepultura del conflicto armado, que tanto a enlutado a muchas familias y que su principal derrotero, es la posibilidad de construir caminos democráticos de entendimiento que superen la utilización de las armas para resolver los conflictos que históricamente han sido impuestos por la hegemonía del poder político concentrado en dos (2) partidos que han sido tradicionales en la administración del Estado.   

Por ello, lo manifestado por la Viceprocuradora General de la Nación, hace dos (2) días, en el sentido que se podría investigar y sancionar disciplinariamente a quienes participen en la “CONTROVERSIA POLÍTICA”  de fomento por el voto negativo o positivo por el posible plebiscito por la paz, no deja ser una arbitrariedad que solo se compara con la hoguera intelectual del inquisidor pensamiento contra los herejes que desatiendan las ordenes de la Iglesia de Ordoñez, para quien no es admisible la participación de opiniones de quienes sirven al Estado, promoviendo en un sentido o en otro la participación ciudadana.

Para el mundo Constitucional de los derechos fundamentales, que están dotados de contenido jurídico de protección atribuibles a todas las personas que como sujetos pisen suelo patrio, y por ese solo hecho el orden jurídico, entendido como las disposiciones jurídicas que protegen esos derechos que además establecen las pautas de garantía que materialicen los mismos, lo de la Procuradora es un contrasentido de sus propias funciones en el conjunto de la sociedad con anhelos de desarrollo democrático.

Parafraseando a BEATRIZ FRANCO CUERVO Y JAVIER ANDRES FLOREZ, en su artículo “PARTICIPACIÓN ELECTORAL ¿ESENCIA DE LA DEMOCRACIA?, “consideran la participación política como una intervención entre los miembros de una comunidad política o sociedad, que busca la justicia entendida como la distribución correcta de las existencias entre los ciudadanos acorde con los criterios públicos existentes y lo que se quiere allí no es un beneficio particular sino más bien el logro del bien común. Y la participación electoral constituye, como se dijo solo un aspecto parcial de la participación política y se presenta como la alternativa más efectiva, directa y menos costosa (en términos de tiempo  e intensidad) para influir en la elección de los representantes y  gobernantes y en ciertos casos, en la ruta de lagunas políticas públicas y modificaciones normativas”, podemos manifestar aterrizando en el orden jurídico interno sobre los mecanismos de participación ciudadana, que al ser conforme al artículo 77 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito se convoca para que el pueblo se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo, tal preceptiva no es en sí un mecanismo de participación electoral, sino de participación política, por el bien común que allí se perseguiría, que es el de la pacificación del país, a través de la decisión de los colombianos, si aceptan o no un acuerdo de paz, donde la sociedad en su conjunto no está decidiendo por la elección de gobernantes, sino por el logro del bien común, que es la paz.

Significando lo anterior, que no estamos frente a una participación electoral, sino frente a una partición política, en refrendación de una política de paz del ejecutivo, que no entraña la elección electoral de elección de gobernantes, sino algo superior en el ejercicio de principios democráticos de participación y búsqueda del bienestar general de la sociedad colombiana.

Por ello, de aprobarse el plebiscito por parte de la Corte Constitucional, porque hasta este momento histórico, es solo un proyecto y no es una realidad jurídica, por ende aún más en este momento, cualquier opinión sobre algo inexistente ni siquiera puede ser mirado desde el punto de vista de la teoría de los hechos, como un hecho, porque no se ha configurado en su existencia jurídica, luego entonces algo que no existe no puede ser valorado y mucho menos como conducta típica en el campo penal o disciplinario, en el entendido que ello sería una violación al principio de tipificación de la conducta sobre un hecho inexistente y en el momento político y jurídico, que dicho plebiscito sea aprobado por la Corte Constitucional, y se fije fecha para su realización, tampoco podría ser valorado como una participación electoral de elección de gobernantes de causas partidistas, que es lo que está prohibido, sino como una manifestación de la participación política de la sociedad en decidir si aprueba una política de paz del ejecutivo, buscando el logro del bien común y por ende tal manifestación no se encuadraría dentro de las prohibiciones del artículo 127 de la Constitución política de Colombia, sino por el contrario en las manifestaciones de participación en las “CONTROVERSIAS POLÍTICAS” permitidas por la Corte Constitucional en su reciente sentencia de Control de Constitucionalidad la C-794 del 2014, actuando como Magistrado Ponente el Dr. MAURICIO GONZALEZ UERVO, donde la Corte señaló; “8. Caso concreto: la inconstitucionalidad de la calificación legal de la participación de servidores públicos en “controversias políticas” con utilización del cargo oficial -art. 48, inc 39, de la Ley 734/02-, por la posible vulneración de los derechos de participación y expresión políticos -CP, arts. 40 y 20-. (i) La expresión “controversias políticas”, consagrada en el artículo 127 de la Constitución como prohibición dirigida a empleados estatales, hace referencia a las controversias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales, y en modo alguno a la intervención de éstos en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general ajenas a los debates electorales o las disputas partidistas -de partidos o movimientos políticos-, pues supondría desconocer la importancia de la deliberación pública entre todos los ciudadanos para el funcionamiento de la democracia representativa y participativa. (ii) Establecido así el significado constitucional de la propia expresión demandada, la disposición del artículo 48 -inciso 39- del CDU, ha de ser entendida en su alcance estrictamente partidista o electoral, no pudiendo presentarse una incompatibilidad entre el precepto legal y la norma superior. (iii) El mismo artículo que contiene la expresión demandada consagra una salvaguarda de otros derechos de participación de los servidores públicos, al consagrar las prohibiciones disciplinarias “sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”, esto es, de otros contenidos del derecho de participación política como el derecho al sufragio, a la pertenencia a una organización política, a la libre expresión y difusión de opiniones políticas -no electorales ni partidistas- y los derechos de servidores públicos diferentes de los empleados estatales, entre otros. (iv) Finalmente, la calificación de la participación de los servidores públicos en controversias políticas electorales o partidistas, con utilización de su cargo, como falta gravísima sancionable disciplinariamente, no transgrede la regla de proporcionalidad de este tipo de restricciones a los derechos. En efecto, tal restricción apunta al cumplimiento de principios constitucionales que orientan la actividad del Estado y el ejercicio de la función pública, como la imparcialidad, la moralidad, la prevalencia del interés general, la igualdad y la libertad política; constituye un medio idóneo para la consecución de estos fines superiores; y no supone un vaciamiento de los derechos de participación de los empleados estatales, cuyo contenido esencial permanece garantizado a través de otros modos de ejercicio permitidos”.

“9. Intervención legislativa. El inciso 3º del artículo 127 de la Constitución ha previsto como posible que los empleados del Estado -no comprendidos por la prohibición absoluta establecida en el inciso 2º de tal artículo- participen en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, únicamente en las condiciones en que ello sea señalado por una Ley Estatutaria. En atención a esa posibilidad de participación prevista en la Carta, subordinada en todo caso a la decisión que en esa dirección adopte el legislador estatutario, resulta  relevante que el Congreso de la República propicie la deliberación democrática en relación con las condiciones y límites de la participación pública de determinados empleados del Estado y adopte la determinación que juzgue necesaria, al amparo del margen de configuración que se le reconoce en esta materia”.

“11. Razón de decisión. (i) La prohibición general a los empleados del Estado de tomar parte “en las actividades de partidos o movimientos y en las controversias políticas” es de raíz constitucional, pudiendo el legislador estatutario reconocer tal derecho de participación solamente a algunos de ellos en los términos del artículo 127 de la Constitución -modificado por el AL 2/04-. (ii) La prohibición a los empleados del Estado de tomar parte en “controversias políticas” prevista en el artículo 127 constitucional, hace referencia a controversias de tipo partidista o en el marco de procesos electorales y no a deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general. (iii) La calificación como “falta gravísima” disciplinariamente sancionable, de la utilización del cargo por empleados del Estado para participar “en las controversias políticas” de tipo partidista o electoral, encuentra justificación constitucional en la necesidad de preservar el principio de imparcialidad de la función pública, asegurar la prevalencia del interés general sobre el particular, garantizar la igualdad de los ciudadanos y organizaciones políticas, proteger la libertad política del elector y del ciudadano y defender la moralidad pública -arts. 2, 13, 40, 107, 209 y 258 de la Constitución-“.

En conclusión las aseveraciones amedrentadoras de la Viceprocuradora General de la Nación, no dejan de ser una estrategia político – jurídico, aberrante de un órgano que está es precisamente para lo contrario: para la protección de los derechos humanos y no para continuar en un desespero peligroso para la ruta democrática de pacificación de la sociedad colombiana, en busca del logro del bien común, de entorpecer cualquier manifestación de paz, que signifique el deterioro ineludible entre otras cosas de las circunstancias guerreristas que crearon al Hitler colombiano, y como un buen acolito de éste, al Procurador en su papel de JOSEPH GOEBBELS.
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[1] Artículo 277 Superior; “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.

3. Defender los intereses de la sociedad.

4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.

5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.

10. Las demás que determine la ley.

Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias”...

[2] Artículo 13 de la Convención América de Derechos Humanos; “Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

[3] ARTICULO 20. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”...