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Jue, Ago

Política
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Carlos Saavedra Zafra

Presidente Nacional Ascontrol

La Constitución Política precisa en su artículo 272 que “la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas…”. “La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales…” y asimismo preceptúo que le corresponde a Asambleas y Concejos organizar las “contralorías como entidades dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.” Y que ejercerán “en el ámbito de su jurisdicción”, las funciones atribuidas al Contralor General de la República”.

Sin embargo, como parte integral del proceso de desmonte del arreglo constitucional del 91, la tecnocracia neoliberal incrustada en el aparato del Estado impulsó la denominada Ley 617 del 2000 que preceptuaba “normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

Uno de los aspectos cruciales de la fementida Ley es que desconoció de manera abrupta el mandato constitucional de dotar a las contralorías departamentales y municipales de la “autonomía administrativa y presupuestal” requeridas para su cabal funcionamiento y desempeño. Es decir, somete a las contralorías departamentales y municipales a un paulatino pero efectivo estrangulamiento presupuestal y, por ende, a su ya debilitada, autonomía administrativa, si no olvidamos el origen político y politiquero de la elección de los contralores territoriales de turno.

Y como corolario de su estratagema en el artículo 21 de la precitada Ley se procede a modificar el artículo 156 de la Ley 136 de 1994 precisando que: “Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. El artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así: Artículo 156. Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. Únicamente los municipios y distritos clasificados en categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan más de cien mil (100.000) habitantes, podrán crear y organizar sus propias Contralorías.”

“Las contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso anterior deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control fiscal, refrendada por la Contaduría General de la Nación.”

“Parágrafo. En los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría departamental…”

“Parágrafo transitorio. El 31 de diciembre del año 2000 las Contralorías que funcionan en los municipios o distritos de categoría 2a., distintas a las autorizadas en el presente artículo 3o., 4o., 5o. y 6o. quedarán suprimidas.”

El camino hacia el mundo ideal de los corruptos estaba servido en bandeja de plata. Una gestión pública ineficiente, ineficaz, en medio del descontrol y un control fiscal lánguido, debilitado.

Sin embargo, la labor de los entes territoriales de control, así sometidos, permitió que su incipiente y limitada labor funcional y misional en algo reluciera, lo que les permitió superar el peligro del referendo uribista de 2003.

En los últimos años las contralorías territoriales han seguido sometidas a la “dictadura” de una ley de “racionalización del gasto público” que modificó la Constitución y le asestó un golpe de gracia a las ya debilitadas entidades territoriales de control.

Hoy, con el desprestigio de años de ver la ineficiente labor de unos contralores territoriales presas de la clase política regional y con el debilitamiento estructural, funcional, administrativo, presupuestal, resultante de la aplicación de normas cicateras con aquellos organismos claves en el ejercicio de la democracia, de la real descentralización, las contralorías departamentales, distritales y municipales se encuentran, nuevamente, junto con la Contraloría General de la República, en el centro del debate.

Y lejos de modificar las normas que le garantizan “el debido proceso” a aquellos que esquilman el erario, ahora, se pretende buscar los responsables de la creciente y galopante corrupción, no en la ineficiente, inadecuada e inoportuna gestión fiscal, sino en la gestión de los órganos de control sometidos a normas como la Ley 617 de 2000, en normas que debilitan su autonomía, en normas como La ley 1474 de 2011 –estatuto anticorrupción–que politizaron y burocratizaron la gestión de la Contraloría General; ahora, surge la novísima propuesta de eliminar las contralorías departamentales y municipales y crear la Contraloría General de la Nación.

Es decir, en vez de modificar las normas que debilitan o limitan la gestión de los órganos de control; se les responsabiliza de sus resultados, según ellos, pírricos y preñados de ineficiencia e inoportunidad¸ sin atender que para mejorar la eficiencia y los resultados de los entes de control (Nacional y Territoriales) es necesario garantizar su autonomía e independencia, dotarlos de los recursos técnicos, administrativos, legales y presupuestales y ante todo garantizarle al Estado y a la sociedad que los corruptos, otorgándoles el debido proceso, deberían asumir la carga de la prueba.

Eliminar los entes territoriales de control y “crear” la Contraloría General de la Nación por sí mismas no son una medida en la lucha contra la corrupción. Pero lo que sí logra de manera inmediata es eliminar de un tajo el sistema especial de carrera administrativa de la Contraloría General de la República y la luchada carrera administrativa de las contralorías territoriales. Es decir, se castiga a quienes de manera tesonera han asumido el control, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de una mejor gestión fiscal como su forma de vida laboral y profesional.

No busquemos la causa de la fiebre en las sabanas, sino en el enfermo; reza el sabio adagio popular. Y en ese sentido se debe luchar contra la corrupción NO debilitando los órganos de control sino empoderándolos, fortaleciéndolos, profesionalizándolos, respetando su autonomía e independencia, despolitizándolos. Lo demás es asestar un golpe a la transparencia, a la democracia.