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Política
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El anuncio del Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, contenido en el Comunicado Conjunto #75 del día de ayer, 22 de junio, entre el Gobierno Nacional y las Farc, es un hito en la historia patria desde inicios del siglo pasado hasta ahora.

El logro de un acuerdo para poner fin a la lucha armada de los actores en disputa militar, representa un espacio que oxigena el espectro político para las organizaciones sociales que hemos buscado la transformación de Colombia en la vía de la lucha civilista y democrática, y que nunca hemos compartido la conjugación de la lucha armada con la lucha de las organizaciones legítimamente constituidas dentro del marco de nuestra legislación, ni menos hemos prohijado las formas degradantes de este conflicto como el secuestro, el asesinato, la extorsión, en fin, el terror sobre la población civil, que ha llevado a que Colombia sea el primer país del mundo en desplazamiento interno. Casi siete millones de compatriotas han tenido que huir, víctimas de esta horripilante violencia.

En adelante, sin el enfrentamiento bélico con las   Farc y su reincorporación a la vida civil y la lucha política, que es en el fondo el verdadero sentido de esta paz, se abre un espacio que debe ser copado por las organizaciones sociales y en especial por la actividad del sindicalismo como actor y factor de poder en Colombia.

Se hace necesario ahondar la capacidad de acción y movilización social que debe tener el sindicalismo en el nuevo escenario del posacuerdo. El sindicalismo debe profundizar, por ejemplo, en el proceso de reparación colectiva del movimiento sindical, pues en el drama del conflicto armado, es el sindicalismo quien ha cargado con más de 3.000 muertes de sus integrantes por cuenta de la estigmatización de su actividad en la sociedad a manos del ejercicio ilegal de la violencia por parte de algunas fracciones de las fuerzas militares que han obrado como aparato de represión del Estado, el  paramilitarismo (la expresión macabra de la violencia exacerbada) y demás formas de estructuras armadas irregulares.

Falta aún completar el desarrollo de un proceso integral que incluya al ELN y al EPL, frente al cual llamamos a los actores de esas estructuras y al gobierno, para avanzar en el desarrollo de negociaciones que hagan cesar completamente la violencia con todas las guerrillas.

Muchos reclaman que en desarrollo del proceso que ha tenido lugar hasta hoy, se materialicen las grandes transformaciones que suponen conseguiría la guerrilla en este acuerdo. Evidentemente el acuerdo es para el fin de la violencia armada, lo que implica garantías de seguridad y condiciones favorables de reintegración de las Farc a la vida social y política. Nunca estuvo pensado para cambiar las estructuras económicas del país.

Este acuerdo es para dar solución negociada a dos partes que no se derrotaban militarmente, con unos avances colaterales sobre el problema agrario y los cultivos ilícitos. Debemos entender entonces el enorme valor que para la apertura democrática del país tienen los acuerdos de paz de La Habana, al poder adelantar las organizaciones populares su lucha política sin el peso exorbitante de la violencia y la estigmatización de ser partícipes de ella. La concluyente repercusión positiva en la vida de los millones de víctimas del conflicto armado. El influjo sobre la recuperación económica que subiría el PIB en 3% según los más optimistas. Nada menos que el cese del horror, la muerte y la desolación.

También se anuncia el acuerdo sobre refrendación entre gobierno y Farc. El movimiento sindical que ha jugado un activo papel en defensa de la paz no debe más sino sentir alborozo por estos anuncios. La luz al final del túnel. Por eso definimos en nuestro VI Congreso que la CUT participará de manera activa en la refrendación popular de los acuerdos, votando sí a la paz. Enfrentaremos en esta decisiva y primera batalla democrática a las fuerzas oscuras de la guerra y la ultraderecha colombianas en cabeza del llamado Centro Democrático, los conservadores ultras, los grandes terratenientes y ganaderos, los despojadores de tierras, los paramilitares ocultos, los viudos del militarismo, todos a uno encarnados en el expresidente Uribe.

Esta batalla crucial por la paz y las garantías es definitiva para el futuro y el progreso del país, como bien lo señala el comunicado conjunto gobierno-Farc del pasado 22 de junio: “las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”

Y para no confundir a los incautos ni alentar a los protervos, el sindicalismo CUT tendrá, legítimamente, que  intensificar su lucha contra el modelo neoliberal y las medidas que apuntalan este sistema del gobierno de Santos. Ya se dijo con claridad: necesitamos de la simple paz para adelantar con profundidad nuestra lucha por la mejora sustancial de las condiciones de vida del pueblo colombiano, por la soberanía nacional y por la transformación social, mediante la movilización de masas, el crecimiento del índice de sindicalización, la educación sobre el sentido de clase de los trabajadores, la más férrea unidad de nuestras filas, la alianza con las demás organizaciones sociales y fuerzas políticas democráticas y progresistas.

Con estos criterios arrancamos la campaña por el sí a la paz, con la seguridad que obtendremos un amplio respaldo del pueblo y los trabajadores  colombianos, el fin de la guerra es el principio del camino por la conquista de un mejor futuro para nuestro pueblo.  

23 de junio de 2016.