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El tema de los Derechos Humanos tiene una gran incidencia en la vida cotidiana de Colombia y del mundo en general. El Estado debe dar al pueblo colombiano respuesta por la muerte de líderes y lideresas de las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas que han ocurrido durante el 2019; esta situación nos genera grandes cuestionamientos y nos hace reflexionar. Por otra parte, se está generalizando en la población colombiana un temor debido a la información que diariamente estamos viendo, oyendo y leyendo a través de los medios de comunicación sobre esta problemática nacional.

En la Constitución Política Nacional están consignados unos derechos fundamentales, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el estado para todos los ciudadanos; sin embargo, en la práctica parecen letras muertas, se tornan inexistentes, a tal punto que pareciera que no mueven a los gobernantes, quienes ni los advierten. En nuestro diario quehacer la muerte campea a lo largo de la geografía nacional, no existen mecanismos efectivos para defender la vida y los derechos; de esta manera nuestros gobernantes se convierten en cómplices por acción u omisión. Es por eso que surge el interrogante: dónde están las autoridades que deben defender la vida, honra y bienes de las personas en nuestra patria.

Visualicemos una pequeña cavilación sobre lo escrito y lo real.

El derecho a la vida es fundamental, la vida está enmarcada en el origen de la existencia, es la primera razón y principio del todo; sin vida el género humano estaría extinguido, no tendríamos humanidad ni civilización. Esta afirmación se ratifica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se afirma que el  derecho a la vida es inviolable, sin alguna restricción y nadie podrá atentar contra ella.

En la estructura de la Constitución Política Nacional de Colombia y en la Constitución de otros Estados, el derecho a la vida se establece como derecho primario y como derecho fundamental, el cual debe ser  protegido por medio del cumplimiento de las leyes y bajo el amparo de las organizaciones institucionales, cuyo fin radica en el cumplimiento de sus obligaciones y  de los derechos colectivos.

Estos organismos están en cabeza del poder ejecutivo, con su capacidad de ordenar la sociedad y sus brazos armados para mantener el orden social. Del poder judicial, para sancionar a las personas que incurran en violación de los derechos de los ciudadanos; y del poder legislativo, para crear las normas y reglas de convivencia que permitan una convivencia pacífica y armónica.

Es la teoría de una sociedad humana con deberes y derechos sociales, con los más elementales principios de coexistencia y respeto humano, lo cual deriva en la entrega de principios y acciones de igualdad para las personas, reflejadas en la protección de la vida, la educación, el trabajo, la salud, el techo y oportunidades para desarrollarse como persona humana.

Si estas acciones se efectuarán plenamente, todas las personas tendrían la posibilidad de acceder a una buena calidad de vida, integral y sin sobresaltos; esto permitiría el cumplimiento de los fines del Estado y nadie tendría queja alguna; no obstante, la realidad en Colombia en nada se parece al Estado ideal.

A continuación se relacionan algunos de los derechos esenciales que el Estado debería garantizarle a cada colombiano.

Derecho a la educación: todo colombiano tiene derecho a que mínimo por nacer o residir en el país, deba recibir educación de calidad que lo capacite en una profesión u oficio, la cual al llegar a su edad laboral le permita ejercer y aplicar sus conocimientos en un empleo digno.

El derecho al trabajo, pero no cualquier forma de trabajo, todo colombiano tiene derecho a un trabajo digno, como dice la Constitución. En ese aspecto, el Estado colombiano está en cero, cada día se eleva el desempleo, los trabajos estructurales directos del Estado se volvieron contratos de servicios sin prestaciones ni seguridad social, los contratos de trabajo privados se han tercerizado sin derechos laborales. El porcentaje del desempleo es de más del 30% y cuando el DANE presenta las estadísticas del empleo, disfraza el desempleo con trabajos informales.

Derecho a la salud, con la Ley 100 de 1993 se comercializó la salud y la vida, convirtiendo a los pacientes en mercancía, además, que las EPS convirtieron la salud en negocio.  

Estos son pequeños ejemplos de lo que queda de los derechos, los cuales han sido establecidos en los últimos cinco siglos.

Actualmente lo que está sucediendo en Colombia nos ha obligado a la sociedad a movilizarnos para pedir que cese el baño de sangre que cubre el territorio nacional, debido entre otras razones, a la pérdida de cientos de líderes sociales y sindicales, y defensores de derechos humanos los cuales han sido asesinados a partir de la firma del acuerdo de paz en el 2016  hasta la fecha. La mayoría de estas muertes han sido a manos de organizaciones y personas sin rostro, lo cual es hasta el momento un misterio para toda la sociedad colombiana.

Lo que no debemos permitir  es que estos asesinatos queden en el olvido y sin castigo; recordemos que estas personas ayudaban a la sociedad, que eran hombres o mujeres líderes, que estaban buscando soluciones a los problemas de las comunidades y a quienes no se les debía arrebatar la vida por buscar el bienestar de la sociedad. Sus gritos no deben quedar en el silencio, ya que su único delito fue no callar los atropellos contra el pueblo.

En el espectro de la violencia también quedan las personas que están siendo desaparecidas o han tenido que huir de sus hogares por estar defendiendo sus tierras o sus derechos, junto con los ciudadanos amenazados y sus familias, que ha generado un nuevo desplazamiento de miles de personas. Parece que el gobierno no ha hecho nada para evitar las amenazas y el desplazamiento.

Los trabajadores también estamos igualmente en el ámbito de la refriega por parte de quienes no acatan la democracia y la paz, y por esa razón muchos dirigentes han muerto, han sido amenazados, o desaparecidos.

En las empresas existe una serie de despidos sin justa causa, así como la eliminación de puestos de trabajo, tercerización de los trabajos y empleos, sumado a la casi desaparición de los derechos laborales.

Como si esto no fuera suficiente,  los trabajadores y los ciudadanos en general estamos sometidos a un sistema de salud en el que desaparece el dinero y no se entregan medicamentos ni laboratorios, ni citas comunes o de especialistas, se ha vuelto más común el paseo de la muerte.

También estamos siendo afectados por el aumento de los impuestos y la pérdida de la capacidad adquisitiva para la canasta familiar, situación económica nacional que se ve afectada por el aumento del dólar, lo cual favorece a los empresarios y a los bancos, generando un  empobrecimiento permanente de los trabajadores.

Tenemos un presidente que viaja por el mundo y está haciendo acciones para evitar que los ricos paguen impuestos y mejoren sus ganancias, permitiendo a su vez, que los pensionados paguen impuestos a la Dian, que no se ven reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

El primer mandatario  no le da la suficiente importancia a la situación que ocurre entre la capital de Colombia y la despensa agrícola y ganadera del país, no  hay vía para que  lleguen los alimentos a los bogotanos.

Lamentablemente, ese es el panorama actual de nuestra Colombia. La síntesis es sencilla, no hay vida ni hay trabajo, NO hay paz, no hay educación, no hay salud, no hay derechos.

¡Que tragedia! ¡Nos están matando a plomo y hambre!

Por: ANA EDITH VACCA MORA
Segunda Vicepresidente CUT Regional Bogotá Cundinamarca