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Bogotá, 12 de julio de 2016

 

Doctor

Enrique Peñalosa Londoño

Alcalde Mayor de Bogotá

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Reintegro trabajadores temporales del Distrito Capital con fuero sindical.

Respetado señor alcalde:

En nombre del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, reciba atento y cordial saludo.

 

Con el debido respeto le solicitamos el reintegro de los empleados pertenecientes a plantas temporales del Distrito Capital, especialmente los cobijados con la garantía de fuero sindical, con base a la Ley 411 de 1997, Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005, el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política, en los artículo 353 y 354 y los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional[i].

 

Los empleos temporales se encuentran regulados en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, en los cuales se menciona que los empleos temporales deben cumplir a una de las siguientes condiciones:

 

  1. a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración;
  2. b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
  3. c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales;
  4. d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a doce meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución.

 

Es evidente que la Administración Distrital hizo una errónea implementación de la figura consagrada en la ley, toda vez que no utilizó las plantas temporales en el desarrollo de programas de duración determinada, sino que, usó esta figura para atender la política misional de las diferentes entidades que conforman la administración distrital, vulnerando lo determinado en la Ley 909 de 2004, artículo 21.

 

Los empleados temporales en su gran mayoría estaban sindicalizados, ejerciendo su derecho consagrado en los Convenios 87 y 98 de la OIT, la Constitución (arts. 38 y 39) y los artículos 353 y 354 del CST, debido a que estas reconocen y garantizan el derecho fundamental de libertad sindical dentro del cual se encuentra la garantía de asociación sindical, tanto para los trabajadores particulares, como para los servidores públicos, sean empleados públicos o trabajadores oficiales.

 

En específico, el Convenio 151 de la OIT establece los derechos de los servidores públicos en torno a la conformación se organizaciones sindicales con el fin de garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical, por tanto, este Convenio consagra una triple protección a los sindicatos de servidores públicos, a saber: el amparo contra actos de discriminación antisindical; la defensa de la independencia de estas organizaciones y la concesión de facilidades a los representantes para que puedan llevar a cabo sus labores como lo determinó la Corte Constitucional en Sentencia C-377 de 1998.

 

Al ratificar el Convenio 151 de la OIT, mediante la Ley 411 de 1997, Colombia adoptó estas garantías mínimas de protección a los empleados públicos sindicalizados, con el fin de prevenir y sancionar cualquier acto de discriminación antisindical por parte de la Administración Pública, a su vez la Corte Constitucional ha reconocido el derecho de asociación sindical a los empleados públicos.

 

Los empleados sindicalizados de las Plantas Temporales del Distrito, ejercieron su derecho a la libertad sindical consagrada en las disposiciones legales y constitucionales anteriormente referenciadas, por lo tanto, al desvincular a los trabajadores cobijados por fuero sindical, no solo se atenta contra el derecho a la asociación sindical y la libertad de ejercer este derecho con las garantías establecidas por la OIT, sino que se vulnera la dimensión colectiva del derecho a la libertad de asociación sindical[ii], teniendo en cuenta que los trabajadores organizados pueden autogobernarse y decidir de manera independiente el destino de su organización sin admitir injerencia externa, especialmente del empleador.

 

Es evidente, entonces, que el Distrito Capital de Bogotá realizó una injerencia de tal magnitud que algunos sindicatos cuentan hoy con menos de 25 afiliados, incurriendo en una causal de disolución corriendo el riesgo de desaparecer de la vida jurídica.

 

Finalmente, en virtud del principio de solidaridad sobre el cual se cimenta el Estado Social de Derecho en Colombia, es necesario destacar que el núcleo fundamental del problema, suscitado con base en la terminación de las plantas temporales por parte del Distrito Capital, radica en garantizar el derecho a la libertad sindical, lo anterior teniendo en cuenta la obligación adquirida por nuestro país a nivel internacional en orden a velar por la existencia de las organizaciones sindicales, de esta forma lo esencial en este caso es proteger a los sindicatos presentes en el Distrito y a sus líderes. Por tal razón, reiteramos la solicitud de reintegrar de manera inmediata a los funcionarios distritales que hacen parte de las juntas directivas de varios sindicatos.

 

Atentamente,

 

Luis Alejandro Pedraza Becerra                      Fabio Arias Giraldo

Presidente                                                     Secretario General

 

Francisco Maltés Tello

Director Dpto. Investigación y Proyectos

 

 

 

[i] Corte Constitucional, Sentencia T-619 de 2013.

 

[ii] Corte Constitucional, Sentencia T-619 de 2013.