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Mié, Ene

Entre Diciembre de 2018 y Enero de 2019, la Empresa TC BUEN ha despedido a 20 Trabajadores, la mayoría con contratos a término indefinido.

Operaciones, Operaciones Terrestres y Seguridad, son las áreas afectadas, en las cuales prescindieron del servicio de los Trabajadores, algunos de ellos sin justa causa y otros por irregularidades a la hora de cumplir con el oficio; así lo dieron a conocer los Directivos del Puerto, lo que aún está en proceso de investigación.

Leer más: DESPEDIDOS 20 TRABAJADORES DE LA EMPRESA TC BUEN EN BUENAVENTURA.

La Cut Bogotá Cundinamarca rechaza y condena el brutal ataque a la Escuela General Santander, con estos actos se sigue poniendo en riesgo el ya fracturado proceso de Paz, una paz con la que soñamos y por la que luchamos millones de Colombianos.

Los organismos oscuros del Estado quieren sembrar el terrorismo para continuar amparando al fiscal corrupto Néstor Humberto Martínez y a un gobierno corrupto y enmermelado que lo único que pretende es callar la voz de la Colombia honesta que pide justicia, transparencia y democracia.

Exigimos a la Fiscalía y al Gobierno Nacional investigar hasta dar con los verdaderos autores intelectuales de la arremetida terrorista y criminal que hoy deja 21 muertos y más de catorce líderes sociales asesinados en estos 15 días del 2019.

En manos de medio día se conocen los nombres de los autores de los hechos de la Escuela General Santander y aún no se conocen ni un solo nombre de los criminales que acabaron con la vida de tanta gente inocente.

Pedimos garantías para la protesta, la movilización y la lucha por la reivindicación de nuestros derechos.

Queremos justicia social.

COMITE EJECUTIVO CUT BOGOTÁ CUNDINAMARCA

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Con pocas semanas de diferencia Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador asumieron la presidencia de sus países, Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas. Sus primeros pasos anticipan, en ambos casos, las principales contradicciones que enfrentarán en los próximos años.

Bolsonaro es el monumento a la improvisación: en los diez primeros días de su gobierno —asumió el 1 de enero—, debió retractarse de forma casi permanente. Sus dos principales tropezones fueron anunciar una base militar de los Estados Unidos en Brasil, inmediatamente rechazada por los militares, y críticas a la compra de Embraer —la principal empresa del país y tercera aeronáutica comercial de mundo— por la Boeing, que provocó hondo malestar en los mercados.

Leer más: Bolsonaro y López Obrador, dos estilos para gobernar las grandes potencias de América Latina

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios “SINTRAIMAGRA“, informa del despido injusto del compañero Gustavo Grisales en la planta de Alpina en Chinchiná en Colombia.

Él es el líder que organizó los trabajadores de Alpina en Chinchiná, por esta razón como realización, fue despedido el 4 de agosto de 2017, para lo cual se entabló tutela que se ganó y el compañero fue reintegrado el 6 de septiembre de 2017.

SINTRAIMAGRA presentó pliego de peticiones a la empresa sin llegar a un acuerdo por lo que los trabajadores optaron por dirimir el conflicto a través de un laudo arbitral. La empresa viene despidiendo trabajadores a nivel nacional con el propósito de debilitar los sindicatos presentes, atentando contra el libre derecho de asociación sindical. El día 10 de enero de 2019, la empresa le entrega la carta de despido nuevamente al compañero Gustavo, por lo que se ve a las claras la persecución sindical de la empresa hacia el compañero y los afiliados a SINTRAIMAGRA.

Alpina es la empresa más importante de Colombia del sector lácteo, adicionalmente con plantas de producción en Estados Unidos (Batavia), Ecuador (Quito, Pichincha) y Venezuela (Villa de Cura), con exportación de productos a países de Centroamérica, Suramérica y al Continente Europeo, con más de setenta años de tradición y producción en el país a lo cual hemos contribuido con nuestra fuerza de trabajo miles de trabajadores.

Denunciamos a nivel nacional e internacional a la empresa Alpina S.A. en Colombia, por la arremetida y persecución sindical en contra de nuestro compañero Gustavo Grisales, lo cual busca ejercer presión a través del chantaje del despido para que los trabajadores renuncien al sindicato.

Solicitamos la solidaridad enviando notas rechazando el despido injusto del compañero a los correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., con copia a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios “Sintraimagra“

 Martes 15 de enero de 2019


Desde finales de los 90, los gobiernos nacionales han probado diferentes medidas para generar algún tipo de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El acumulado hoy son al menos 20 disposiciones normativas y 15 instancias diversas para enfrentar esa realidad. No obstante, la agresión contra estas personas persiste y crece vergonzosamente, hasta ubicar a Colombia en el deshonroso primer lugar.

El presidente Duque anunció en noviembre pasado, con bombos y platillos, el Plan de Acción Oportuna (PAO), pues supuestamente la normatividad e instancias existentes creadas por el Gobierno anterior eran desarticuladas y poco efectivas. Sin embargo, ahora improvisa una medida más con el nombramiento de tres altos funcionarios, y sin duda repetitiva, que no traerá resultado positivo alguno. Además, se trata de funcionarios adversos a los movimientos sociales y populares, cuya postura ideológica les impide actuar con vocación y genuinamente por la protección de tales activistas. En realidad, se trata de una disposición para enfrentar la presión mediática y coyuntura política desfavorable a la imagen presidencial, más que para atacar la raíz del problema. Improvisar cada tres meses una disposición temporal es actuar exactamente como el anterior, a pesar de su intento permanente de diferenciarse.

En Colombia no existe una política pública de protección y mucho menos de garantías de seguridad. A pesar de ello, en el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc sí existe una serie de disposiciones normativas más estructuradas que se aproximaron a rutas y metodologías para la desarticulación del crimen organizado, que afecta el liderazgo social y garantiza la protección. Entre ellas, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 de 2017), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto Ley 154 de 2017), el Sistema de Alertas Tempranas (Decreto 2124) y el Decreto 660 de 2018 sobre protección colectiva a comunidades en alto riesgo. Sin embargo, el Gobierno de Duque ha ignorado completamente estas normas e instancias, se ha negado a convocarlas e implementarlas, teniendo allí una fuente de la cual beber para la protección y generar contextos de garantías para los y las defensoras de derechos humanos territoriales. Es decir, si actualmente estuvieran funcionando la situación sería distinta.

A lo anterior se suma la reiterada negativa del actual Gobierno de considerar el asesinato de líderes y lideresas como sistemática, lo cual distorsiona la posibilidad de un análisis estructural, que requiere respuestas consecuentes y no circunstanciales.

Protección versus garantías: en la última década, el movimiento de derechos humanos a través del Proceso Nacional de Garantías ha insistido al Estado colombiano en avanzar de la política de protección física y material a la de garantías de seguridad para los y las defensoras. Se trata de dos conceptos bien distintos.

El primero, se limita a dispositivos para resguardar la integridad física del o de la protegida en un ámbito determinado, pero circunscrita a un universo muy pequeño de personas dado los elevados presupuestos requeridos y la complejidad de procedimientos para acceder a estos. Sin embargo, su mayor debilidad está en no atacar las causas del problema. Todos los gobiernos nacionales, sin excepción, han centrado sus expectativas en este aspecto, disponiendo de ingentes recursos. Hoy, la Unidad Nacional de Protección cuenta con un presupuesto cercano al billón de pesos, pero sin resolver el problema.

El segundo tiene un ámbito mayor. Implica un enfoque transformador, pues cambia las condiciones adversas de contexto, y obliga a las instituciones de Gobierno y Estado a actuar de acuerdo con sus mandatos y obligaciones. En consecuencia, ataca los factores de riesgo y actores criminales en los diferentes territorios, no importa cuán alejados estén. No obstante, los gobiernos no han querido asumir la construcción de una verdadera política de garantías de seguridad, justo por el fondo de sus implicaciones, entre ellas, combatir a los grupos criminales, con frecuencia asociados o protegidos por políticos, terratenientes, ganaderos, empresarios y demás actores de poder en las regiones. Igualmente, sanear las Fuerzas Militares de los rezagos que arrastran de la doctrina de seguridad nacional y replantear como política central la militarización de los territorios, dado sus escasos resultados y su contribución en los contextos complejos.

Implica también la actuación idónea de todas las instituciones del orden nacional y local en función del reconocimiento y dignificación de los movimientos sociales, liderazgos populares y defensores de derechos humanos, y cuenten con un enfoque de derechos humanos más allá de tener una oficina sobre la temática o recepción de denuncias. Esto significa que las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo se respondan a tiempo y con eficacia, que el Ministerio Público entregue logros de las investigaciones a funcionarios omisivos de sus obligaciones o que actúan de mala fe contra los líderes y lideresas sociales y los discipline, que los servidores como alcaldes y gobernadores asuman la responsabilidad de las garantías, que la Fiscalía General avance en resultados más contundentes y que abarquen responsables estructurales y no solo los gatilleros. Todo lo anterior, sin mencionar la corrupción en las venas de la institucionalidad.

Si el Gobierno tiene voluntad de enfrentar de manera más estructural la criminalidad contra las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales —quienes además de luchar por los derechos de sus comunidades trabajan por la paz— cuenta con herramientas e instrumentos jurídicos y políticos para hacerlo, especialmente los del acuerdo de paz. A esto se sumaría darle continuidad a toda la implementación para romper el referente negativo en que se ha convertido y que favorece el crecimiento de las disidencias de las Farc. También, descongelar el proceso con el ELN, que traería alivio determinante en regiones como el Pacífico, el Catatumbo y Arauca, donde el liderazgo social está muy afectado.

En fin, es posible detener el insostenible crecimiento de asesinatos, atentados y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos —incluidos los liderazgos sociales— pero se requiere voluntad política para ello y un cambio de pensamiento de la institucionalidad colombiana que entienda la importancia de estas personas en la construcción de la democracia y la paz.
 
Por: Diana Sánchez
*Comunicadora social, directora de la Asociación MINGA y coordinadora del Programa Somos Defensores.
@dianadefensora

Información tomada de semanarural.com

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