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El uribismo y el partido de gobierno, Centro Democrático, vienen vendiendo la ley de “reducción de la jornada laboral”, Ley 2101 del 2021, como un gran logro de ese partido en beneficio de los trabajadores, sin embargo, dicha ley no es más que una trampa con la que se pretende engañar a la clase trabajadora, quitándole beneficios laborales obtenidos en el pasado.

¿Dónde está la trampa? Sencillo, inicialmente el artículo 161 del C.S.T., establecía una jornada máxima diaria de 8 horas de trabajo y una jornada máxima semanal de 48 horas laborales, pero la reforma uribista eliminó la jornada máxima diaria manteniendo solo la jornada máxima semanal, con una duración de 42 horas que deben distribuirse entre 5 o 6 días, lo que implica que el empleador podrá imponer al trabajador jornadas extensas de 10, 11, 12, y hasta 13 horas de trabajo diario sin que esto implique el pago de horas extras. La norma anterior establecía que, si se superaba la jornada máxima de 8 horas diarias, el tiempo adicional laborado se debía pagar como horas extras, sin embargo, hoy con la nueva ley se suprime ese derecho y prácticamente acaba con la posibilidad de que el trabajador pueda devengar recursos adicionales por trabajo suplementario. Con todas las prebendas otorgadas al sector empresarial, hay una alta probabilidad de que veamos a muchos empleadores obligando a sus empleados a trabajar hasta
13 horas diarias sin contraprestación adicional, lo que generaría aumento de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

No conformes con lo anterior, el artículo 6 de la nueva reforma uribista, eliminó las jornadas recreativas y de integración familiar a que tenían derecho los trabajadores en virtud de las Leyes 1857 de 2017 y 50 del 1990.

En síntesis, el engaño de la Ley 2101 el 2021 consiste en que:

1. Elimina de manera subrepticia la posibilidad de que el trabajador devengue ingresos por horas extras.

2. En la práctica podría imponerse al trabajador, ya que la ley lo permitiría, largas jornadas laborales sin que esto genere el pago de trabajo suplementario.

3. Las largas jornadas de trabajo, generarán aumento en la accidentalidad y de enfermedades laborales.

4. Y finalmente elimina las jornadas recreativas y de integración familiar establecidas a cargo del empleador por leyes anteriores y que en realidad fueron un premio de consolación por otras reformas regresivas que cercenaron como de costumbre otros derechos laborales.

Como solución a esta iniquidad, solo queda demandar la norma por inconstitucional ante la Corte Constitucional, por haber suprimido la jornada máxima diaria de trabajo, exponiendo al trabajador a extenuantes jornadas laborales que en últimas afectarán su salud.

1.RENTA BASICA DE EMERGENCIA.

Crea una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual legal vigente por 12 meses para 7,5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza y que han sido especialmente afectados por la crisis económica que vive el país. Dicha Renta Básica de emergencia cuenta con enfoque de género y con medidas de veeduría y participación ciudadana.

2.MATRICULA CERO EN EDUCACION SUPERIOR.

Garantiza la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado en todas sus modalidades y propone que se disponga nuevos recursos del presupuesto general de la nación para su financiación.

3. FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE SALUD Y DIGNIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN LABORAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

Establece medidas para resolver de manera inmediata a la problemática de desfinanciación de la red pública de salud, la formalización laboral y atención a la salud mental de trabajadores del sector.

4-APOYOS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS MIPYME Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Amplia los apoyos en subsidios y créditos para las micro y pequeñas empresas, así como mejorar y crear diversas medidas para la generación y sostenimiento de empleos y así contribuir en la reducción del desempleo que ha dejado el COVID.

5-APOYOS PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO.

Mejora las medidas de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, alivios financieros adicionales para deudores del sector agropecuario, créditos de emergencia para la reactivación del sector, y establecimiento de un fondo para la estabilización de los precios de los productos agropecuarios.

6-DEROGATORIA DEL DECRETO 1174 DE 2020 SOBRE PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Deroga el decreto 1174 de 2020 que reglamenta el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, con el propósito de establecer un marco normativo del piso de protección social conforme a los convenios de la OIT.

7-ACCIONES PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LUCHAR CONTRA LAS VIOLENCIAS BASADAS EN EL GÉNERO.

Fortalece e integra las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atención, un protocolo de atención a las violencias basadas en el género, entre otros temas relacionados.

8-GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA.

Regula, por ley estatutaria, los principios, garantías, obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica a la luz de los estándares internacionales que regulan la materia y que hacen parte del bloque constitucionalidad. El proyecto da cumplimiento a lo establecido en el punto 2.2 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, a las recientes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 7641 de 2020 y a las sentencias de la Corte Constitucional en la materia.

9-REFORMA AL ESTATUTO DE JUVENTUD (LEY 1622 DE 2013), PARA HACER MÁS EFECTIVA E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD

Hace más efectiva e incentiva la participación política de la juventud mediante la modificación de la ley 1622 de 2013 que creó el Estatuto de Juventud. Se robustece la figura de los Consejos de Juventud otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud, otorga incentivos a la participación política de la juventud y fomenta espacios de diálogo que permitirán la construcción de políticas más cercanas a la juventud y la ciudadanía.

10-REFORMA A LA POLICÍA.

En varias iniciativas, congresistas han recogido las exigencias de reformas a la Policía, que van desde el desmonte del ESMAD, la renovación y cambio de la doctrina basada en la garantía de los derechos humanos el traslado de la Policía Nacional al Ministerio del Interior, la reforma al sistema de ascensos, el juzgamiento por la justicia ordinaria de los delitos cometidos por la Policía. Reformas todas dirigidas fortalecer el carácter civil de la policía nacional modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza en las protestas, parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma.

19 de julio de 2021

¡¡¡A PARAR PARA AVANZAR!!! ¡¡¡VIVA EL PARO NACIONAL!!!
COMITÉ NACIONAL DE PARO

19-07-21 RESUMEN DE LOS PROYECTOS 

 

El Comité Nacional de Paro manteniendo las banderas por la defensa de la vida, la democracia, la paz, los derechos y lucha contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque, tal como lo habíamos anunciado el mes pasado, vamos a insistir ante el Congreso de la República en esta última legislatura, presentando para su discusión y aprobación, proyectos de ley sobre 10 temas que buscan dar respuestas inmediatas a la gravísima crisis social que nos agobia. Y lo hacemos porque el gobierno nacional no quiso discutir estas propuestas con el Comité Nacional de Paro al bloquear toda posibilidad de una negociación, al estigmatizar, al dar tratamiento de guerra a la protesta y al reaccionar con violencia contra las y los manifestantes. Como lo hemos sostenido y muchos han señalado, en el gobierno nacional peso más la soberbia, la sordera y la nula responsabilidad con las necesidades y urgencias de la población colombiana.

El gobierno nacional está empeñado en hacer anuncios y declaraciones con el propósito de distraer al país y con ello evitar discutir las causas no resueltas del Paro Nacional. Lo que millones de colombianas y colombianos han reclamado en las calles es un cambio radical en el enfoque y el alcance de las políticas sociales, para garantizar salud, ingresos, empleo, educación, seguridad alimentaria, el sector agropecuario, el sector cultural, la economía solidaria, pueblos étnicos, que han sido excluidas por el modelo económico, y de manera muy particular para la juventud, así como una reforma profunda a la Policía Nacional y garantías efectivas para el ejercicio de la protesta pacífica.

Los proyectos de ley que estaremos presentando se dirigen a responder a estos anhelos y en su conjunto constituyen un ambicioso programa social de emergencia, que deberá financiarse a partir de un acuerdo alrededor de una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos: derogatoria de las exenciones establecidas en la reforma tributaria del año 2019, medidas para la eliminación de la evasión y la corrupción, el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero, ampliación del impuesto al patrimonio y renta a grandes fortunas y la no venta del patrimonio público.

Los proyectos de ley que estaremos presentando esta semana se refieren a los siguientes temas: renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; -, gratuidad universal para todas y todos los estudiantes en la educación superior pública para hacer efectiva la matricula cero; fortalecimiento de la red pública de salud y dignificación y formalización laboral para enfrentar la pandemia; apoyos para la reactivación económica de las MiPymes y la generación de empleo; apoyos para la reactivación del sector agropecuario; derogatoria del decreto 1174 de 2020 sobre piso de protección social; acciones promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica; reforma al estatuto de juventud (ley 1622 de 2013), para hacer más efectiva e incentivar la participación política de la juventud; y la reforma a la policía.

Desde el Comité Nacional de Paro estamos dispuestas a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, formular y tramitar uno o varios proyectos de ley que establezcan un programa de inclusión económica, social y laboral de la juventud, a partir de la agenda, discusión y acuerdos en el orden nacional que propongan las expresiones movilizadas de esta.

Queremos agradecer el apoyo y dedicación en esta importante tarea que se trazó el Comité Nacional de Paro a las organizaciones sociales que hacen parte del Comité Nacional de Paro, a los equipos de los congresistas de las bancadas de los partidos de oposición y de otras bancadas que se han unido a estas propuestas, que han participado en la elaboración de los proyectos recogiendo iniciativas que ya se habían presentado, discusiones que se habían dado y recomendaciones de grupos de expertos.

De otro lado, estaremos respaldando algunos proyectos que se han formulado por congresistas y por organizaciones sociales en materias de gran importancia y urgencia, como el que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, la prohibición del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el territorio colombiano, la reforma al ICETEX, generación de empleo público, principio de favorabilidad en el aumento mesadas pensionales, y la reducción aportes de salud para los pensionados, la prohibición del fracking, revisión de los tratados de libre comercio, entre otros.

Nos mueve el propósito de llevar a la política, al debate democrático, el clamor social. Con estos 10 proyectos de ley queremos concentrar el debate en medidas muy específicas, necesarias e inmediatas que permitan aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas. Esperamos que los congresistas de todos los partidos políticos se dispongan a darle prioridad a estos temas, que permitan un amplio e incluyente debate, que no le hagan trampa al trámite, y sobre todo que escuchen, que vean y se conecten con un país que reclama cambios.

Estaremos atentas al seguimiento del debate de los proyectos que presentaremos, convocando a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a la academia y a los partidos políticos a que participen en las discusiones y hagan sus aportes, y por supuesto a que expresen su apoyo a estas iniciativas con diferentes expresiones de protesta y movilización pacífica.

Exigimos de las autoridades pleno respeto y garantía para el ejercicio de la protesta pacífica. Reiteramos la convocatoria a la ciudadanía para que mañana martes 20 de julio realicemos una gran movilización pacífica en todo el país, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, en apoyo a estos proyectos de ley.

Información tomada de www.cut.org.co

19-07-21-COMUNICADO-CNP-PRESENTACION-DE-PROYECTOS

A través de sus agentes locales, el régimen de Iván Duque dio inicio a una feroz venganza contra la juventud y las comunidades de Cali que han resistido en calles y barrios durante los dos meses del Paro Nacional, que se cumplieron este lunes 28 de junio de 2021.

La más alevosa de esas operaciones comenzó a las cuatro de la madrugada del sábado 26 de junio, cuando un impresionante contingente calculado en mil hombres de fuerzas combinadas de Ejército y Policía incursionó sobre Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad, para tratar de destruir este punto de lucha juvenil y popular, convertido en ejemplo de combatividad y persistencia en el Paro.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Juan Carlos León, lanzó toda clase de señalamientos y sindicaciones contra este epicentro de lucha popular en Cali, hasta las más inverosímiles, y el secretario de “Seguridad y Justicia” de la Alcaldía, Carlos Javier Soler, un coronel retirado recientemente nombrado en el cargo, apareció insólitamente con pistola al cinto, como si hiciera parte del operativo armado, en actitud de provocación que originó el repudio de miles de caleños.

Recién iniciado el operativo, y luego de no encontrar nada de lo que al parecer buscaban para saciar su venganza judicial contra la comunidad en el punto, el general León, sin tener autoridad para ello, anunció que el Monumento a la Resistencia, erigido en homenaje a las decenas de víctimas de la represión del régimen contra la juventud, sería demolido.

El monumento, inaugurado el domingo 13 de junio de 2021, es una obra colectiva en la que participaron decenas de artistas y personas de la comunidad caleña, es también un legado que trasciende las fronteras de Cali y se ha convertido en símbolo del Paro Nacional y de la solidaridad a lo largo de toda Colombia y Latinoamérica.

El anuncio del comandante de la Policía reveló las intenciones de la clase dirigente de la capital del Valle del Cauca, que desprecia el sentimiento popular, ha generado un ambiente de estigmatización contra la protesta juvenil y promueve ahora, a través de nuevos funcionarios de corte uribista nombrados por el alcalde Jorge Iván Ospina para congraciarse con la ultraderecha, la criminalización de la protesta.

Sin duda, el despliegue de guerra contra Puerto Resistencia, con hombres de camuflado portando fusiles y ametralladoras, acompañados de tanquetas, drones y sobrevuelos de helicópteros en la oscuridad de la madrugada sabatina, tenía todas las intenciones de generar terror entre la población y de dar la sensación de sometimiento de una comunidad para beneplácito de la galería más reaccionaria de la ciudad, que todos los días, usando sus medios masivos tradicionales de comunicación, reclamaba el levantamiento de los puntos de resistencia juvenil a como diera lugar, a sangre y fuego si fuera preciso.

“Fuera, fuera»

Pero el operativo constituyó una derrota para esa rancia oligarquía caleña, cuyo desproporcionado aparataje armado policial y militar no encontró ni los “arsenales” que esperaban para desacreditar la resistencia, ni los “nidos” de delincuencia con los que todo el tiempo han desinformado y tratado de desprestigiar la lucha popular.

Por el contrario, los organizadores del operativo recibieron el repudio masivo de los pobladores de los barrios que circundan este amplio sector popular del sur oriente caleño, que no dudaron en ir ante los ocupantes de su territorio a increparles por su montaje.

“Con nuestro monumento no se metan, lo defenderemos de principio a fin, es una construcción de toda la comunidad y ustedes no tienen ninguna autoridad para derrumbarlo”, opinaba la gente que fue despertada por los tambores de guerra de los centenares de hombres invadiendo un territorio de lucha y de resistencia.

“¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaba a los contingentes de las Fuerzas Armadas y a la burocracia de la Alcaldía de Cali la comunidad que madrugó a defender no solo el Monumento a la Resistencia sino también el espacio de solidaridad mantenido a lo largo de dos meses de Paro.

Fue de tal magnitud el rechazo de la población, que el alcalde Ospina no tuvo más remedio que pronunciarse desmintiendo que se hubiera dado la orden de destruir el monumento, aunque quedó en evidencia que fue la respuesta popular la que derrotó la provocación y la venganza oligárquica en Puerto Resistencia, a pesar de la planificada agresión.

El secretario de la pistola

Ante la aparición en Puerto Resistencia del secretario de “Seguridad y Justicia” con pistola al cinto, cual sheriff gringo, se produjeron numerosos pronunciamientos de rechazo. “Un funcionario público no debe intimidar a los ciudadanos ostentando un arma, menos en un lugar de protesta social que era víctima de un ataque policial y del ejército donde debe guardarse la prudencia que no tuvo al exhibirse en forma agresiva”, declaró Alberto Jairo Palomino, dirigentes político y social en Cali.

Al rechazar el acto de provocación del funcionario, el jurista Armando Palau Aldana recordó, además, que “el permiso de porte de armas está suspendido desde el 1o. de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021 por el Decreto 1808 de 2020”, y reiteró que, en consecuencia, Soler violó la prohibición expedida por el mismo gobierno del cual es emisario en Cali.

Por su parte, James Larrea, defensor de derechos humanos, sostuvo que no es dable que “un secretario u otro funcionario en ejercicio de sus labores, preste sus servicios con pistola al cinto y con la intención de desenfundar al menor indicio que a él se le ocurra”.

“El mensaje inequívoco es que el gobierno de Ospina apoya la colaboración de civiles armados en acciones represivas de la policía”, manifestó el exfiscal José Élmer Montaña, quien subrayó que “en momentos en que tenemos brotes de paramilitarismo en el sur de la ciudad, esto alienta la conformación de este tipo de organizaciones”.

La Unión de Resistencia de Cali, URC, se pronunció exigiendo la renuncia de Carlos Javier Soler al cargo de secretario de “Seguridad y Justicia”, y explicó que la posición del funcionario “no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de la ciudad. El paro continúa, nuestras asambleas permanentes continuarán, nuestra lucha es en las calles y exigimos garantías para el ejercicio de nuestro derecho constitucional”.

Sed de sangre

Ya el lunes 21 de junio la Policía, utilizando al Esmad y a otro de sus escuadrones preferidos en la represión 2021, el Goes (Grupos de Operaciones Especiales), había arremetido en la tarde y la noche contra los jóvenes de Puerto Resistencia, especialmente en inmediaciones del barrio Villa del Sur.

En la represión, decenas de habitantes de los barrios circunvecinos resultaron afectados por los gases lacrimógenos, las granadas aturdidoras y el estruendo de las armas de fuego disparadas por la policía.

La jornada dejó otro joven asesinado, identificado como Juan Carlos Arce, un hecho trágico que aumentó la cifra de homicidios contra participantes en el Paro a 46 en Cali y a 60 en todo el Valle del Cauca.

Y mientras en Cali ocurría esto, en otros puntos del país se registraban más homicidios perpetrados por la Fuerza Pública en la represión de la protesta, como sucedió en Bogotá, donde perdieron la vida por balas oficiales Jaime Alfonso Fandiño, en Usme, y Edward Castillo.

Detenciones a granel

La venganza contra la resistencia juvenil emprendida por el aparato represivo del Estado, a través de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, incluye detenciones de jóvenes a los que sindican de toda clase de delitos, en una aplicación clasista y selectiva de supuesta “justicia”, en Cali y Yumbo.

Uno de los detenidos es Yeison Fabián Muñoz Narváez, cuya familia informa que es un joven que está siendo procesado judicialmente por un delito que no cometió en los hechos acaecidos el 28 de mayo en el sector de La Luna, donde pereció un agente de la Fiscalía luego de que el funcionario asesinara a dos manifestantes. Los familiares del joven Muñoz solicitan solidaridad de la comunidad caleña y asistencia jurídica.

La Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda, entre tanto, denunció la detención sin orden judicial de tres jóvenes de Paso del Aguante: Carolina Montaño Cuero, Cristián Andrés Cortes Ortiz y Jhon Michel Cardona Jaramillo. “Alertamos sobre la detención arbitraria, la seguridad personal y los posibles falsos positivos judiciales en contra de los manifestantes”, dice el pronunciamiento de la Red.

Por otro lado, desde Yumbo el Comité Municipal del Paro Nacional denunció la captura de tres activistas de la protesta en el barrio Juan Pablo II, identificados como José James Cabezas Quiñones, Sebastián Neuta y Diego Luis Tascón, y sostuvo que la Sijin de la Policía construyó un montaje judicial a través de un supuesto testigo anónimo para inculpar a los detenidos de lesiones contra un agente que el 29 de abril disparó públicamente contra los participantes en el Paro, a la altura del barrio La Estancia.

“Tal como sucedió con los compañeros manifestantes del corregimiento de Dapa, se trata de un nuevo montaje de la Policía Nacional para judicializar la protesta social en Colombia”, aseveró el Comité.

En el cúmulo de detenciones también se encuentran privados de la libertad en la cárcel de Palmira los jóvenes Kevin David Cerón Díaz, Jeison Andrés Caicedo Ortiz y Jeison Andrés Ospina Monsalve, manifestantes de Paso del Aguante (Paso del Comercio).

Tutelas avante

Las resistencias han estado acompañadas no solo de la perseverancia de los jóvenes en las calles, sino también del esfuerzo de destacados líderes sociales y de juristas, que ha transmitido a las nuevas generaciones de luchadores sus conocimientos y experiencia.

Dos ejemplos ilustran lo anterior: el primero es el de Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Yumbo, veterano líder social que se formó en las luchas obreras de los años ochenta y noventa y quien ha estado a lo largo de los dos meses del Paro de 2021 al lado de los muchachos expresando su solidaridad y aportando luces para el devenir de la brega social.

Vargas Becerra logró que una tutela impetrada por él exigiendo el respeto al derecho a la protesta fuera aprobada mediante sentencia judicial, y acaba de obtener también que la autoridad judicial exija al alcalde de Yumbo y a la gobernadora del Valle que la tutela se cumpla, pues de lo contrario operará la sanción correspondiente al desacato.

El otro ejemplo es el del abogado Armando Palau Aldana, experto en derecho del medio ambiente y en derecho administrativo e integrante de la Asociación Americana de Juristas, quien ha venido asesorando a la Unión de Resistencias de Cali de manera altruista e igualmente solidaria.

Palau Aldana logró que este lunes 28 de junio el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profiriera una sentencia mediante la cual “se amparan los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica así como el debido proceso de los accionantes, la Unión de Resistencias Cali”, y, en consecuencia, se dejara “sin efectos la orden de la Jueza 16 Administrativo de Cali de suspensión del Decreto Distrital 304 de 2021 que adoptó garantías para la construcción de acuerdos” e institucionalizó la mesa de diálogo.

“El Tribunal consideró que la suspensión ordenada por la Jueza 16 no cuenta con soporte constitucional suficiente en una etapa temprana del proceso de nulidad y la limitación de derechos e intereses que conlleva resulta más gravosa para los derechos fundamentales de todas las personas que quieran sumarse al diálogo en el marco del conflicto”, explicó Palau Aldana.

De esta forma, en el Valle del Cauca la resistencia también se expresa en la lucha jurídica, que respalda la protesta pacífica de la juventud y el pueblo que continúan en el Paro Nacional.

Por: Luis Alfonso Mena S.
SemanarioVoz

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