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El subpresidente Iván Duque y sus secuaces están empanicados porque saben que están en la recta final de estos tortuosos cuatro años de corruptela y presienten que el próximo mandatario no será uno de los suyos. El susto es justificado, tanto porque perderán el botín de lo burocracia y los contratos, como porque si llega otro inquilino con un equipo honorable que deje atrás la orgía de la “Casa Nari” tendrán que responder ante la justicia por lo que hicieron o dejaron de hacer para favorecerse ellos, los suyos y su entorno social y de negocios. Hoy están en los gozosos, pues saben que nadie los tocará porque lamentablemente ni la Fiscalía ni los organismos de control tienen ojos para vigilar ni sancionar a la caterva de buscadores de tesoros que conviven en el régimen más corrompido de la historia.

El resultado era previsible. Conscientes de que se les vienen días aciagos, estos avivatos sinvergüenzas que andan en carros blindados rodeados de ejércitos de escoltas pagados por el erario están aprovechando el cuarto de hora que les queda para terminar de enriquecerse y de acomodar documentos y pruebas para que cuando lleguen otros nadie pueda ver las cenizas ni queden rastros de sus audacias.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien pontifica en sus tediosas entrevistas sobre la lucha contra la corrupción, sin embargo anda más que enredada usando su poder y sus influencias para que la Capitanía del Puerto de Cartagena le apruebe la viabilidad de una nueva marina de yates, que, en opinión de expertos, destruiría parte del acervo histórico del “Corralito de Piedra”. En efecto, el proyecto conocido como “Heroica Marina Club” significaría además la construcción de atracadores en la Bahía de las Ánimas, al lado del Centro de Convenciones, donde espera atracar un yate adivinen propiedad de quién. Esta gestión coincide con los beneficios en el proyecto de Protección Costera para una empresa en la que tiene intereses el cónyuge de la vicepresidenta, un avezado constructor, que por estos tiempos de gobierno íntimo ha vivido navegando en la bonanza mientras los demás padecen penurias. El veedor cartagenero, Antonio Coquel Tuñón, ha denunciado estos sucesos impresentables, pero no habido quién le pare bo
las porque, claro, ello alteraría los planes de una vicepresidenta ambiciosa que predica pero no aplica.

Ese es el talante de este régimen que está por concluir. Por eso lo que revelaron Noticias Uno y Daniel Coronell sobre los jugosos e indelicados contratos de la Universidad Sergio Arboleda —la caja menor del régimen— con el fiscal Barbosa, el exmagistrado Pretel, el excomisionado Ceballos y seguramente con otros consentidos del gobierno, es la punta del iceberg. Allá creen que como se trata de una fundación sin ánimo de lucro, pueden hacer y deshacer con sus bienes, como en efecto ha ocurrido en otros centros universitarios gobernados por años bajo la tiranía de un grupo familiar, en los que se han visto cosas tan aberrantes como rectores que consienten a sus queridas con cuantiosos e inútiles contratos. Tampoco en la educación superior hay quien vigile, porque la ministra es un alfil que sabe de qué lado soplan los vientos favorables para su carrera política.

De la contratitis crónica tampoco se ha escapado el peligroso ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha propiciado convenios con sus amigas para ejecutar campañas falsas en redes sociales, como con Alotrópico, entre otros trabajitos.

Han llegado al extremo en este gobierno de darle tratamiento de jefe de Estado a un chisgarabís ecuatoriano de ultraderecha que vino desde Quito a entregar supuestas pruebas contra Santos y Piedad Córdoba, y Duque, experto en cortinas de humo, convirtió esto en acto solemne para perpetrar otra de sus persecuciones, de las muchas que agencia, con la esperanza de que cuando se vaya no quede nadie que pueda criticarlo.

Y a todas estas María Paula Correa —la Maquiavelo—, dueña de Duque y del aire que respiramos, confiada en la ingenuidad colectiva pretende que le creamos su cuento de que le “asaltaron su buena fe” con los contratos multimillonarios que varias entidades oficiales prodigaron a las cónyuges de su mano derecha y del secretario jurídico de la Presidencia. ¡Qué tal! La poderosa asaltante, asaltada.

Adenda. ¿Cuál la fórmula para ponerse a salvo de atracos? ¿Acaso vender todo o vivir en otra ciudad o en el exterior, como pasa en Venezuela?


Por:  Ramiro Bejarano Guzmán
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Información tomada de: elespectador.com

 

Una relatoría independiente solicitada por la alcaldesa Claudia López y organizada por Naciones Unidas concluyó que hubo graves sucesos de abuso policial y uso desmedido de la fuerza para conjurar las protestas sociales que desencadenaron la muerte de Javier Ordóñez que, además, derivaron en 14 víctimas mortales en septiembre de 2020, en Bogotá y Soacha. El Espectador conoció el informe y comparte sus conclusiones.

Una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional y cobró las vidas de once jóvenes en Bogotá y Soacha es la conclusión de una relatoría independiente que fue solicitada por la alcaldesa Claudia López al sistema de Naciones Unidas, para establecer lo sucedido del 9 al 11 de septiembre de 2020, en el marco de las protestas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un caso de abuso policial. Durante seis meses, un equipo interdisciplinario de siete profesionales documentó los hechos y su balance se sintetiza en una observación: “Se requería un decidido liderazgo político y operativo en los niveles nacional y distrital fundado en los derechos para evitar su concurrencia”. Esa omisión desencadenó el estremecedor capítulo que se sintetiza en el informe.

El miércoles 9 de septiembre de 2020, la Alcaldía tenía previsto un evento de su ruta de derechos humanos. Sin embargo, desde las seis de la mañana ya circulaban las imágenes del abuso policial contra el ciudadano de 43 años Javier Ordóñez, y un alto funcionario del Distrito vaticinó de inmediato en lo que se iba a convertir ese crimen: “Era obvio que se trataba de nuestro George Floyd”. Una protesta masiva y, en respuesta, una escalada de violaciones a los derechos humanos mediante la acción violenta de agentes de la Policía encarnizados contra jóvenes de los sectores populares, “dejando ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública, de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”.

En un contexto de alta tensión, durante las jornadas de protestas del 9 y 10 de septiembre, según la relatoría, se documentaron siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad. Una jornada crítica que dejó catorce asesinatos, once como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía. Otros dos asesinatos por intervención de civiles que accionaron armas de fuego contra manifestantes y terceros. Y un caso más: el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, que no ha sido reconocido por las autoridades como víctima en el marco de las manifestaciones del 9-S.

En contexto: ver video

El informe devela aspectos desconocidos de la crisis, como el retiro de 250 gestores de diálogo y convivencia del epicentro de las manifestaciones por orden de Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, invocando razones de seguridad. La fracasada misión de un contingente de mujeres policías que fue enviada al Comando de Atención Inmediata (CAI) de Villa Luz para tratar de aplacar la protesta en ebullición. Los desacuerdos de la alcaldesa con la Policía, que salieron a flote en el Comité Distrital de Derechos Humanos, que comenzó a deliberar a las seis de la tarde. Cuando el Comité terminó de sesionar, a las ocho de la noche, ya habían quemado el CAI de Villa Luz y, sin que nadie interrumpiera a la alcaldesa, en hora y media, la ciudad estaba en llamas.

La alcaldesa Claudia López dio su versión a la relatoría sobre lo que vivió ese 9 de septiembre: las interinidades de la Policía ante el Comité Distrital de Derechos Humanos para explicar lo que estaba pasando, los cambios en la cadena de mando y el descontrol en el despliegue de unidades de apoyo a varios CAI de la ciudad. Así recordó la alcaldesa López lo que empezó a constatar después de las ocho de la noche en la sede de la Mebog: “Esa noche llegaba esa solicitud para una reacción porque iban a quemar X sitio, y a los cinco minutos decían: ya lo quemaron. Nadie alcanzaba a llegar a ningún lado. Las reacciones llegaron tarde a nueve de los diez casos. Nuestro esfuerzo era despachar bomberos y ambulancias, no tener control de los policías”.

Hacia la medianoche, los reportes en las redes sociales eran inequívocos: “Nos están matando, policías disparando”. Después de acudir a múltiples lugares y escuchar reportes de los gestores desde los hospitales, hacia la una de la madrugada, en su despacho en la Alcaldía, Claudia López constató que lo acontecido era “una matazón”. Se los dijo a los integrantes de la relatoría: “Me demoré unas dos horas en la Alcaldía verificando y, a las tres de la mañana, publiqué mi indignación en un video. Dormí muy poco. Llegué destruida a la casa, desolada. Era evidente que la cifra de muertos y heridos era absurda y que habían destruido la ciudad en una noche”. Después agregó: “Yo empecé a hacer investigaciones de conflicto armado en Colombia en 2005. Pero no tengo que ir a una biblioteca para saber qué significan diez muertos y 75 heridos a bala”.

La fuerza emocional de la relatoría conocida por este diario está en los testimonios. El relato de un joven de 18 años, herido en un brazo y una pierna, que asistió a la agonía de Jáider Fonseca, su amigo de barrio, que cayó baleado cerca al parque del barrio Verbenal. La voz inédita de Manuel Acevedo, bogotano de 27 años, que acudió a la misma protesta y recibió un impacto de bala en el pectoral derecho. Después duró cinco días en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y cuando se despertó le dijeron que había quedado parapléjico por un disparo que impactó su columna vertebral. La dolorosa historia de María del Carmen Viuvche, empleada doméstica de 62 años y madre de tres hijos que murió arrollada por un bus del SITP, previamente tomado por un grupo de delincuentes en la calle 139 con avenida Cali.

En un esfuerzo por ir más allá del recuento de víctimas, destrozos, detenciones arbitrarias u omisiones judiciales, la relatoría dedica un espacio digno a las historias de vida de las catorce víctimas mortales del 9S. El joven inmigrante venezolano Anthony Estrada Espinosa, quien soñaba con su propio servicio como reparador de tecnología y encontró la muerte en Soacha por la bala que disparó un patrullero, hoy procesado por homicidio y ocultamiento de pruebas, pero amparado por el beneficio de la detención domiciliaria. Tan incierta como la muerte de Cristian Hurtado, también en Ciudad Verde, Soacha, quien salió de casa antes de las diez de la noche a ver la protesta y recibió un disparo en la cabeza. Deportista, electricista, de alma caribe. Nunca apareció su gorra ni tampoco los testigos que prometieron volver para hablar.

El informe de la relatoría resalta como un hallazgo significativo la “víctima número 14″. Cristian Rodríguez Cano, muerto en la Calle de las Flores, del barrio Engativá Pueblo, localidad de Engativá. Sin embargo, su nombre no aparece en los registros de los medios ni en los comunicados oficiales. Tenía 21 años, había prestado servicio militar y regresaba a casa después de jugar un partido de fútbol. Recibió un balazo en la cabeza y murió a las doce de la mañana del 11 de septiembre. Su familia no ha sido invitada a las reuniones organizadas por la Alcaldía ni tampoco a los encuentros programados por la Fiscalía. Ha sido excluido de los reportes porque el victimario iba de civil, en el entorno de un grupo de jóvenes que había acabado de saquear un supermercado.

Cada historia es una duda, un cuestionamiento, una pregunta, como la muerte de Julián Mauricio González Fory frente al CAI de Timiza, en la localidad de Kennedy, cuando él y un grupo de amigos tocaban tambores y cantaban arengas contra el abuso policial. Su madre, Aída Fory, de 61 años, nacida en Puerto Tejada, Cauca, sabe que su memoria de ese 9 de septiembre es de impunidad y desencanto. El día que su hijo recibió un disparo en el abdomen que le salió por la espalda. Después duró tres días y tres noches reclamando su cuerpo hasta que logró que se lo entregaran por vía de tutela. Signado al olvido porque nadie quiere saber quién lo mató. Dicen que fue un desconocido, ella pide justicia y que no se diga más que él era un vándalo, porque “trabajaba de día, estudiaba de noche y descansaba uno que otro fin de semana”.

Andrés Felipe Rodríguez tenía 23 años. Vivía en Verbenal pero trabajaba en un lavadero de autos en Chapinero. Ese 9 de septiembre, salió con unos amigos a las manifestaciones. El relato es de Tintín, nombre que la relatoría reserva por razones de seguridad. No oculta que él y Andrés estaban tirándoles piedras a la Policía. Pero súbitamente empezaron a disparar y Andrés recibió un tiro en el pecho. Tintín logró que un taxi los recogiera, pero a las dos cuadras los paró la Policía. “Bajen a ese malparido, bájelo”, fue la orden de un uniformado. Tintín obedeció, pero luego se lo echó al hombro hasta que lo llevó a una ambulancia. “Gracias Tintín, gracias socio. Me salvó la vida”. Su cadáver duró cuatro días en Medicina Legal y después se lo llevaron a Buenavista (Córdoba).

Durante dos décadas, la familia Hernández Yara vivió a tres cuadras del CAI de Verbenal, pero tras el 9 de septiembre tuvo que irse del sector por persecución de la Policía. La Personería les aconsejó irse de la localidad, solo se movieron unas cuadras. La razón fue la muerte violenta de Cristian Camilo Hernández, joven domiciliario de 26 años que murió el 9 de septiembre y la familia se dio cuenta por televisión. Su hermana Lina alcanzó a abrazarlo mientras agonizaba. Duró media hora abrazada a su cuerpo. “Deje de chillarle a ese vándalo, usted debe ser igual, unos ñeros”, decían los policías. Otro pasó y lo escupió. Cristian recibió un disparo en la frente y duró dos horas tirado en la calle. Después lo echaron en una bolsa como a un animal. El CTI de la Fiscalía argumentó que fue rápido porque tenía mucho qué hacer.

Cada historia es un agravio de intimidación y miedo. Germán Smith Puentes Valero, de 25 años, quien murió desangrado en Suba Rincón. La Fiscalía probó que el patrullero que le disparó accionó su arma 21 veces, pero lo atribuyó a una crisis nerviosa. Jáider Alexánder Fonseca tenía 17 años, fue el más joven de los asesinados. Un rebelde que según su familia merece ser recordado porque los jóvenes de Verbenal vivían intimidados por la Policía. Distinto a Lorwan Stiwen Mendoza, que administraba un restaurante popular y murió de un balazo en Ciudad Verde, Soacha, un disparo que algunos dicen salió de la azotea de la estación. Julieth Ramírez apenas llegaba a los 19 y caminaba hacia la casa de una amiga en La Gaitana cuando recibió un balazo en el corazón. Al lado de su pareja, Angie Paola Baquero murió cerca al CAI de Aures por un disparo en el estómago. Vidas cortas en el estrecho mundo de la arbitrariedad.

La muerte al azar de una bala perdida en medio de una borrasca social. En una protesta pública que no elige a sus víctimas. Como Freddy Mahecha, capítulo aparte en los contrastes de Colombia. Su hermana Valentina es patrullera de la Policía. Su abuelo fue policía, varios tíos son policías. Es una familia de la institución. “Lo que quiero saber es quién dio la orden de disparar y quiénes fueron los indolentes que le negaron auxilio a mi hijo viéndolo herido”, es el reclamo del padre. La familia Mahecha Vásquez confía en que la reparación que espera de la Policía, a la que ha servido por varias generaciones, es que reconozca que se equivocó y le diga al país “que las víctimas del 9 de septiembre no eran vándalos, sino jóvenes trabajadores llenos de sueños, como lo era Freddy”, que murió frente al CAI de Aures y no pudo convertirse en el militar que quería.

Para que los horrores no queden solo en recuerdos efímeros, la relatoría formuló recomendaciones precisas a varias instituciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. A la Policía le pidió un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón por sus abusos, un gesto que aumentaría su legitimidad si es acompañado por el presidente de la República; al Congreso y al Gobierno, crear un programa de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la Policía; a la Alcaldía de Bogotá, una mesa de seguimiento sobre los hechos de violencia del 9 y 10 de septiembre y en, general, al Estado, acciones legales, educativas y de acompañamiento para garantizar, desde todos los frentes, el legítimo derecho a la protesta.

El documento —que consultó unas 450 fuentes de información y 91 entrevistas a testigos, autoridades, familiares de los fallecidos y expertos— insta a la Fiscalía a garantizar acceso a la justicia y bloqueo a la impunidad. No solo mediante medidas relacionadas con el impulso a los procesos investigativos pendientes, sino en la instrucción a funcionarios respecto al manejo de las manifestaciones de violencia basadas en género. El cierre del documento preparado por siete profesionales con experiencia en ciencia política, antropología, periodismo, derecho penal y derechos humanos, coordinados por Carlos Alfonso Negret, exdefensor del pueblo, implora a la Fiscalía proteger a las víctimas, los testigos y los representantes en los procesos judiciales.

Por: Redacción Investigación
Información tomada de: Elespectador.com


Fuente: https://www.elespectador.com/investigacion/fue-una-masacre-policial-relatoria-sobre-las-protestas-del-9-s-paro-nacional/?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_twitter_share_notas

 

Iniciamos el 2022 y desde luego que debemos hacer el balance del 2021 desde nuestros actos, el actuar como sociedad, el devenir de la política, de la educación, de la salud, del país, de los gobernantes, de los líderes…No es con el ánimo de incomodar ni de incomodarse, es un ejercicio necesario para saber cómo direccionar el quehacer durante  los 12 meses que tenemos por recorrer. No olvidemos que el 13 de enero se cierran las inscripciones de cédula y debemos verificar estar aptos para votar.

Miramos doce meses atrás y recordamos que al iniciar el 2021, el mayor anhelo era que pronto terminara, se diera la vacunación y aprendiéramos a convivir con el virus más terrible de nuestra historia reciente, la covid19.  El encierro, el aislamiento, las angustias, el dolor de la muerte, de la enfermedad, del desempleo, del hambre, la soledad de los enfermos, la precariedad hospitalaria, la incertidumbre… y en medio de todo, sentir la grandeza de muchos pero también padecer la mezquindad humana. El  2020 y 2021 debieron enseñarnos a ser más humanos, menos egocéntricos, a valorar más la vida, la naturaleza, la familia, la solidaridad, la sensibilidad social, la esencia de la política; vimos y palpamos de cerca la materia prima de la que están hechos los que les tocó ser gobierno y poder en plena pandemia, a algunos de estos les sobró indiferencia, ambición y corrupción para robarse sin lástima ni vergüenza las ayudas destinadas a los más vulnerables, que no son pocos en un país donde el rebusque, la informalidad y el desempleo son de gran talante.  Ah y donde la mayoría de escuelas no tenían y siguen sin conectividad.

Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni el sector financiero, ni la Organización Mundial del Comercio, ni la Organización mundial de la salud descuidaron el mercado ni el lucro. Todo ha caído por la pandemia, pero algunos no pierden, si caen lo hacen de pie y las ayudas les llegan a manos llenas de los gobiernos a su servicio o sometidos por falta de carácter. Las explotaciones ambientales, mineras, forestales no han cesado y el planeta cada vez está más agotado clama atención, pero el lucro es más importante. Los virus por su parte mutan y siguen enfermando y matando, el desempleo permanece en aumento, la moneda se devalúa cada día más frente al dólar, se importa más de lo que se exporta y eso es grave para la economía. Las masacres no han parado, la paz no se vislumbra, la inseguridad es altísima y el dialogo social no existe porque no se escucha al pueblo y se apagan sus gritos con represión.

El panorama no podría ser más preocupante, por ello es necesario y urgente el balance de la situación que vivimos, sino es una señal de que han logrado adormecer nuestra conciencia y por ende seguiremos siendo usados y dominados a través del miedo, del hambre y la mentira que repetida muchas veces nos la hacen pasar como verdad;  su verdad, no la nuestra.

A propósito, por estos días se estrenó en Netflix una película que vale la pena ver y analizar detalladamente, “No miren arriba”, es desde mi punto de vista una excelente crítica a esos gobiernos a los que no les importa sino su nivel de aceptación en las encuestas, desconocen a la ciencia y a los científicos y, tristemente un pueblo que traga entero lo que los medios y periodistas al servicio del sistema dicen, un pueblo adoctrinado al que le importa más la farándula y los Reality show que la ciencia y su realidad social tangible. Cualquier parecido, ustedes dirán si es coincidencia.

Por otro lado en materia educativa, se publicó el Ranking de los colegios públicos y privados producto de los resultados en las pruebas saber 2021, desde luego a los colegios oficiales no les fue nada bien y no faltan los que de una sacan el dedo acusador para culpar a los maestros, a los directivos docentes, a los padres de familia y a los niños por su bajo rendimiento. Y ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICs y el gobierno nacional con esos resultados? En medio de la pandemia  y todos los males citados arriba, fueron los trabajadores de la salud y los maestros los únicos que nunca dejamos de trabajar, pese a la precariedad de la tecnología, de la conectividad y la tragedia en la mayoría de plantas físicas de las Instituciones Educativas que no tenían cómo asumir la presencialidad, ni el trabajo remoto en condiciones de dignidad. Muchos dicen, la educación y los maestros se rajaron, para mí, lo que hay es una evidencia más de esa deuda histórica producto de la pésima política de inversión en educación por parte de éste y anteriores gobiernos.

¿Cuándo publicarán el Ranking vergonzoso de corrupción e inoperancia del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y municipales?  Lo ideal es que ese ranking se refleje en los resultados de las próximas elecciones para Congreso y Presidencia de la República. La ciudadanía este 2022 tiene la grandiosa oportunidad democrática a través del voto, de obtener unos resultados en los que se evidencie el ranking de insatisfacción con los actuales gobernantes y lograr otro tipo de gobierno y otra forma de hacer política.


Por: Ma. Cristina Orozco Lugo
Directiva ADEC
Magisterio Al Día

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

Por: Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo
Cali / Medellín - 12 ene 2022

Información tomada de www.desdeabajo.info

“Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes".
                                                                                                                                                                       Orlando Fals Borda


La Central Unitaria de Trabajadores -CUT- como organización político sindical desde la última década del siglo XX y hasta hoy, ha orientado en las diversas conclusiones de los congresos de la mujer trabajadora la importancia de generar una estrategia de trabajo con las mujeres desde cada región y que deben ser asumidas desde los departamentos de las mujeres en la subdirectivas y filiales. Ahora bien, la CUT Bogotá Cundinamarca desde el 2006 estructura la escuela de género y nuevas masculinidades como una estrategia de formación para el empoderamiento de las mujeres y hombres que participan allí, dicha formación retoma la perspectiva de género y de clase y la mirada interseccional, perspectivas que, permiten ampliar el análisis contextual y responder a las necesidades que requiere hoy el mundo sindical.

Las mujeres de la subdirectiva que han dirigido el proceso de formación de la escuela han construido una propuesta estructurada a lo largo de estos quince años, precisamente esto ha permitido generar una articulación entre los módulos para que l@s facilitador@s brinden en el proceso de formación herramientas conceptuales que ayuden a profundizar, aclarar y apropiarse de lo que significa en el marco de la democracia “ser mujer trabajadora. El departamento de la mujer de la CUT Bogotá Cundinamarca a través de la escuela de género y nuevas masculinidades ha generado un espacio vivo donde se dan unos aprendizajes colectivos e individuales que permite construir y deconstruir maneras de ser, pensar y actuar de quienes transitan por allí.

En estos quince años la escuela ha tenido aportes, retos y dificultades que sean sorteado en el ejerció de la misma experiencia, permitiendo así, valorar esta apuesta de formación como una construcción colectiva de lo construido y reconoce la impronta que ha dejado en quienes han transitaron por ella, es reconocer la escuela desde un presente vivo, que de acuerdo con Ricoeur (2009) es cuando se conjuga el pasado, presente y futuro en su propia acción cotidiana. La escuela no ha sido estática, es cambiante, dinámica, se transforma y avanza de acuerdo con los tiempos y necesidades, razón por la cual, podemos decir que la escuela como espacio de formación en estos quince años les ha aportado a las organizaciones sindical participantes de múltiples maneras como el compromiso que tienen los participantes por organizar e incidir al interior del sindicato.
El capitalismo y el patriarcado generan liderazgos autoritarios que excluye al otro e imponen sus ideas desconociendo la diversidad ideológica y política, generando al interior de las organizaciones sindicales tensiones que no benefician su accionar. No obstante, el mundo sindical requiere hoy un liderazgo más horizontal, que reconozca la diversidad existente y pueda interlocutar con el otro, que genere confianza en su accionar, que pueda responder a su contexto social y que valore el trabajo desarrollado por las mujeres y hombres que buscan la transformación social. Por esta razón, la escuela brinda herramientas a los participantes para ejercer un liderazgo más tranquilo que le permita reconocer a su interlocutor para convocar e incidir en su organización sindical.  

Un aporte significativo que brinda la escuela a los participantes es la metodología y la didáctica, como elemento sustancial en el proceso de aprendizaje que al momento de proponer espacios de formación al interior de las organizaciones sindicales es retomada. Reconocer en la metodología la experiencia de los sujetos rompe con la educación bancaria y pone el acto educativo en el terreno de lo político porque es reconocer al otro como un sujeto con saberes que puede generar procesos dialógicos en los que todos aprendemos, es reconocer la capacidad de problematizar el mundo que nos rodea para deconstruir y construir nuevas interpretaciones de este y así poder transformar la realidad.

Este pasado 30 de noviembre de 2021, se proclamó la quinceava promoción de la escuela de género y nuevas masculidades, promoción que tiene nuevos retos producto de la pospandemía porque lejos de ser un limitante traerá nuevas formas organizativas y de lucha por hace exigible los derechos como lo plantea Hannah Arendt “el derecho a tener derechos”. Hoy la realidad nos exige construir con el otro desde la diferencia, para poder enfrentar un modelo económico y político que agobia y genera violencias, fomenta las desigualdades estructurales e impide el ejercicio de la ciudadanía de miles de personas para ejercer su legitimo derecho a manifestar su inconformidad de manera pacífica.

Finalmente, queremos convocar a todos nuestros sindicatos filiales para que hagan su inscripción y participen en la escuela el 2022 porque la formación es un de los principios de nuestra central y que el ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca posibilita.

Fraternalmente.

Dory Clemencia Capera Leitón
Dpto de la Mujer y DDHH
CUT Bogotá Cundinamarca

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