Las complejidades de la situación política, social y económica por la que atraviesa el país, presentan un nivel de agravamiento por el impacto de las medidas impositivas del Gobierno de Iván Duque al amparo de Decretos en el marco de la pandemia, como expresión de una crisis sistémica del capitalismo que afecta a la humanidad y que en relación con la imposición del modelo Neoliberal privatizador, genera como unos de los impactos directos, la limitación de derechos básicos y la mercantilización de servicios como la salud y la educación; incrementando de esta manera los índices de marginalidad, exclusión y pobreza.

La actitud mezquina del Gobierno, empresarios, sector financiero y el gran capital, al privilegiar la “reactivación de la economía y fortalecer la producción” en detrimento de la salud y la vulneración del derecho a la vida con la exposición al contagio masivo de Covid 19 de amplios sectores de la población; han conllevado al incremento de cifras por encima de 2.000.000 de contagios y 50.000 personas fallecidas, como uno de los registros más altos de la región y del mundo en relación con el número de habitantes.

Hoy se registra como consecuencia directa de dichas medidas una afectación social por vía del crecimiento del desempleo en un 25% en las principales 13 Ciudades del País, equivalente a 7 millones de personas cesantes de la actividad laboral y el crecimiento de la informalidad en un 50% por efectos de la quiebra de pequeñas y medianas empresas; reportándose de esta manera la caída de la economía en un 20%; al igual que el incremento de los índices de pobreza multidimensional en un 19.6% y un déficit de 18.2 billones para la educación superior en relación con su funcionamiento e inversión.

En relación con la permanente y sistemática violación de los Derechos Humanos, continua el genocidio y exterminio generalizado con la acción del paramilitarismo como estrategia de la política de terrorismo de Estado y que según datos suministrados por Indepaz, durante el 2020, fueron asesinados 310 líderes, lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, 375 personas exterminadas en 90 masacres perpetradas y el aniquilamiento de 249 excombatientes de FARC.

De igual manera se conocen las cifras entregadas por las ONGs, Siente y CODHES en relación con las violencias de género en Colombia durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2020; con un registro de 630 mujeres asesinadas, de las cuales 67 corresponden a menores de edad y de 19.966 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar ejercidas por sus parejas.

El pasado 5 de enero de 2021 se expide el Decreto 003 por parte del Gobierno Nacional denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”; donde si bien, se incorporan algunos aspectos contemplados en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y recomendaciones de Organizaciones de Derechos Humanos, no precisa, ni clarifica los límites al uso desproporcionado de la fuerza y la actuación desmedida del ESMAD; estableciendo a la vez restricciones al legítimo derecho a la movilización y la protesta social.

El incumplimiento del acuerdo de paz y su proceso de implementación; la falta de voluntad política para restablecer la mesa de conversaciones con el ELN; la presencia de tropas norteamericas como clara violación de la soberanía Nacional y la fallida guerra antidrogas desatada por las élites en contubernio con Trump, evidencian el tránsito a un proceso de fascistización.

Ejemplo de este paquetazo legislativo regresivo para el país, son la adopción del decreto 1174 precariza el trabajo y el salario; la discusión y aplazamiento para la nueva Legislatura en el Congreso de la Republica, del Proyecto de Ley 010 que profundiza la privatización de la salud y la Reforma Política con la expedición de un código electoral que restringe la participación de la izquierda y la oposición en las próximas elecciones; la imposición por Decreto del miserable incremento del salario mínimo de 3.5% equivalente a $30.723 pesos para quedar en $908.526 y con el aumento del auxilio de transporte de $3.600 pesos mensual, quedando en $106.454 pesos, cuya suma total es de $1.014.979 pesos y el humillante aumento del 1.61% a la mesada de los pensionados; mientras a los Congresistas les aumenta el 5.12% correspondiente a $1.676.000; el anuncio de las Reformas Laboral, Pensional y Tributaria para este nuevo año; la concentración de poderes con el nombramiento de funcionarios del nivel Nacional proclives al Gobierno como el Contralor, la Procuradora, el Fiscal y el Defensor del Pueblo; al igual que la intromisión a las decisiones de las altas cortes; como rasgos característicos hacia una dictadura civil de corte fascista.

En lo relacionado con el Distrito Capital, continua la discusión y el debate frente a las imprecisiones e indefiniciones de la actual Administración Distrital en materia social y económica; situación que se complejiza con el tratamiento que se le ha dado a la crisis de la salud, donde se ha desconocido las recomendaciones de la comunidad científica y el gremio de los médicos frente a una necesaria declaratoria de cuarentena general y obligatoria que evite el actual colapso del sistema de salud que ya encuentra el tope máximo de las UCI, no solo en Bogotá sino en las demás ciudades. Esta situación se hace más grave ante la indefinición del inicio del plan nacional de vacunación, las cantidades de la vacuna, las prioridades derivadas y la opacidad frente a los contratos “confidenciales” suscritos por el Gobierno Nacional con las multinacionales farmacéuticas para su compra.

Frente al estado de cosas imperantes, corresponde posicionar las exigencias y propuestas presentadas por el Pacto por la Salud y la Vida y las iniciativas formuladas por la bancada de coalición Colomba Humana – UP en el Concejo de Bogotá y los movimientos sociales en el marco del Encuentro Distrital de Emergencia “Cambiar rumbos para salvar vidas”, que ha exigido una renta básica no inferior a un salario mínimo que posibilite el cumplimiento de la cuarentena estricta, la celeridad en el proceso de vacunación gratuita y universal, la adopción de nuevos protocolos con rigurosidad científica en sanidad y bioseguridad para evitar el contagio, la implementación de programas de atención de salud gratuita a los hogares, el rechazo a la política neoliberal de la alternancia o R-GPS (Reapertura Gradual Progresiva y Segura) que impone las clases presenciales sin las condiciones previas y verificables conducentes a la protección para la comunidad educativa, la reactivaciónn económica de la economía popular, las garantías laborales y de bioseguridad para los trabajadores y trabajadoras de los sectores de la salud y la educación; situación que nos coloca en un estado de máxima alerta para atender los llamados que fortalezcan la denuncia, acoger las acciones de lucha y jornadas de movilización que se proyectan.

Por: Carlos Arturo García Marulanda.
Coordinadora de Organizaciones Sociales – COS.
Integrante del Comité Nacional de Paro.

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