El pasado miércoles 17 de marzo fue radicado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 413 de 2021, que tiene la autoría del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático. No era nada halagador lo que se podía esperar de esta dupla, pero sus pretensiones son excesivas y muy preocupantes. El proyecto, además de establecer cambios en el mercado de capitales, es prácticamente una mini reforma pensional, pues modifica aspectos de los fondos privados de pensiones, introduce reformas profundas al Fondo Nacional del Ahorro y contempla cambios de fondo en la actividad aseguradora. Luego de analizar el articulado, encontramos tres aspectos principales que afectarían de manera grave a la Previsora como entidad pública y a sus trabajadores.

1. Reforma a la Ley 226 de 1995 (Artículo 28). En primer lugar, se modifica la Ley 226 de 1995 que determina el procedimiento para la enajenación o venta de entidades estatales, incluyendo las entidades con propiedad accionaria estatal listada en bolsa de valores. Actualmente, el plazo determinado para recibir las ofertas del sector solidario es mínimo de dos meses. Este periodo se amplía de manera considerable, pues posteriormente se debe realizar la oferta para otros inversionistas, luego de revisar el precio ofrecido y tener que efectuar, como ha sucedido en muchos casos, una nueva valoración de la entidad. El proyecto de ley presentado, en su afán de apresurar las ventas de las entidades del sector público, reduce el plazo a solo quince días.


2. Modificación del funcionamiento de las compañías de seguros (Artículo 51). En segundo lugar, con el disfraz de querer modernizar la actividad de los seguros en el país, el proyecto contempla la modificación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero permitiendo el funcionamiento de compañías de seguros generales y de vida en una única licencia, creando las entidades de seguros mixtas. Como se sabe, actualmente las aseguradoras pueden operar bajo tres tipos de licencias. La primera corresponde a entidades de seguros generales, la segunda a entidades de seguros de vida y la tercera a cooperativas de seguros. Como se recordará, cuando se creó el holding (Grupo Bicentenario), esta situación de orden legal fue la que impidió la fusión de las compañías de seguros estatales Previsora y Positiva, contemplada inicialmente por el Gobierno Nacional.
En este artículo, el proyecto expresamente autoriza al Gobierno Nacional para establecer las condiciones bajo las cuales se podrán fusionar y convertir las entidades de seguros generales y seguros de vida. Esta iniciativa da vía libre a la fusión y es el primer paso para concretar esa peligrosa pretensión.


3. Régimen laboral de los trabajadores (Artículo 72). El tercer punto es el que se refiere al régimen laboral de los trabajadores del Grupo Bicentenario, del cual la Previsora S.A. Compañía de Seguros es subordinada. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Ley 2111 de 2019 que creó este grupo, sus trabajadores se regirán por las normas aplicables a las sociedades de economía mixta según lo establecido en la Ley 489 de 1998. A su vez, esta ley, establece en su artículo 97, que el régimen de los servidores de las sociedades de economía mixta, en los cuales el aporte de la nación sea igual o superior al 90% será el de las empresas industriales y comerciales del estado (EICES). El régimen jurídico laboral de las EICES se encuentra a su vez establecido en el artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968 que señala que las personas que prestan sus servicios en estas empresas son trabajadores oficiales, como es el caso de los trabajadores de la Previsora.

Pues bien, el proyecto presentado genera gran incertidumbre y un enorme vacío jurídico, pues considera que este contexto normativo dificulta la puesta en marcha del Grupo Bicentenario, estableciendo el cambio de régimen laboral a las reglas establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo, permitiendo según su criterio, facilitar el ejercicio del rol de controlante de las entidades públicas del sistema financiero, toda vez que iguala el régimen al de sus subordinadas. Este hecho tiene profundas implicaciones, pues desconoce de manera tajante la situación actual de los cerca de dos mil trabajadores oficiales de las aseguradoras Previsora y Positiva.


Ante la amenaza y pretensiones que representa este proyecto, que ya inició su trámite en el Congreso de la República, SINTRAPREVI manifiesta su rechazo contundente, insta a todos sus afiliados a cerrar filas en defensa de la empresa como patrimonio público de los colombianos e iniciará con el apoyo y soporte de la CUT, y el acompañamiento de organizaciones sindicales y sociales, las tareas necesarias para impedir que éste se apruebe, a pesar de que el gobierno cuenta, como se sabe, con la mayoría legislativa. Iniciaremos así mismo, los contactos con los congresistas de la bancada alternativa (Polo Democrático, Colombia Humana, Partido Verde, Mais, Comunes), para hacerles ver el enorme perjuicio que causaría de ser aprobado.

- NO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 413 DE 2021 -

- ABAJO EL GOBIERNO NACIONAL Y SUS PRETENSIONES PRIVATIZADORAS -

- TODOS AL PARO NACIONAL DEL 28 DE ABRIL-

- ESTAMOS Y ESTAREMOS JUNTOS -

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL SINTRAPREVI

Bogotá, marzo 23 de 2021