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En Colombia, el término derechos humanos ha terminado manoseado, desvirtuado e inclusive desprestigiado. Algo similar viene aconteciendo también con las masacres que casi a diario se perpetran en Colombia, trágico y espeluznante asunto que el gobierno y los poderosos medios de comunicación han logrado hacer aparecer ante la opinión pública, por lo habitual, como algo “normal”, despojándolo de todo aquello que pueda desencadenar justa indignación y dolor de patria. Se entiende por masacre, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ al “homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión”. En Colombia, según las investigaciones de INDEPAZ, en el 2020 se cometieron 91 masacres con 381 personas asesinadas y en lo que va corrido del 2021, al 8 de septiembre, se han cometido 69 masacres con 249 víctimas.

Es por ello que, en primer lugar se tiene que aclarar suficientemente de qué se está hablando cuando se hace referencia a los Derechos Humanos. He aquí la necesaria historia que hay que conocer para ello: en 1948, habiéndose terminado la Segunda Guerra Mundial y con el fin de evitar que se volviera repetir la tragedia del fascismo (el asesinato de millones de ciudadanas y ciudadanos indefensos, los campos de concentración, las detenciones arbitrarias, la tortura, en síntesis: el total desprecio a la dignidad humana), la Organización de las Naciones Unidas ONU, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que fue suscrita por el Estado colombiano y por tanto es de obligatorio cumplimiento, no es mera palabrería, hace parte de la Constitución Política de Colombia, como también de la Convención Americana de Derechos Humanos, también suscrita por el Estado colombiano, y uno de cuyos instrumentos para garantizar su cumplimiento es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3o. proclama: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el artículo 5o. ordena: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y el artículo 9o. ordena textualmente. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido”. La violación o vulneración de estos tres artículos refleja una tenebrosa, cruel e inhumana situación que corresponde a épocas ya superadas por la humanidad pero que aún persiste en algunos lugares del mundo, entre ellos Colombia.

Colombia se encuentra actualmente bajo un régimen fascista, ideología de extrema derecha que tiene como uno de sus principios, la eliminación de toda forma de oposición. El fascismo es la absoluta negación de la democracia, la violenta persecución y acoso a toda forma de pensamiento diferente y la utilización del aparato estatal no solo para ejercer represión sino para gobernar a favor de los intereses económicos de un sector minoritario de la sociedad, una corrupta plutocracia.

Las cifras son escalofriantes, desde la llegada de Iván Duque al gobierno han sido asesinados cobardemente por oscuras fuerzas de extrema derecha, cerca de 600 lideresas y líderes sociales (defensoras y defensores de los Derechos Humanos, del medio ambiente, dirigentes campesinos e indígenas, estudiantiles, sindicalistas), ante la incapacidad, negligencia o complicidad del gobierno. ¿Acaso es nocivo para el país, defender la vida, el medio ambiente, el territorio, la paz, la democracia?

Desde el 28 de abril del 2021, cuando se dio inicio al portentoso estallido social de justa protesta e inconformidad, el Paro Nacional convocado por el Comité Nacional de Paro CNP, y de acuerdo con el Resumen Ejecutivo de Temblores ONG, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social PAIIS, presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, al menos 44 personas han muerto por la acción presuntamente de agentes de la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional; 82 personas han sufrido heridas oculares (han perdido un ojo) y 79 personas han sufrido heridas en otras partes de su rostro; más de dos mil personas han sido detenidas arbitrariamente y, según la Defensoría del Pueblo, se han recibido 548 reportes de desapariciones forzadas en el marco del Paro Nacional; se registran 28 hechos de violencia sexual y 9 de violencia de género; aterrador y dramático el caso de la joven menor de edad Alison Meléndez en Popayán, detenida arbitrariamente por agentes del ESMAD de la Policía Nacional, abusada sexualmente de tal forma que finalmente ella se suicidó. “Le manosearon hasta el alma” escribió la joven Alison antes de tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Esta situación al igual que las ya enunciadas, están en su mayoría registradas en videos que conoce la opinión pública y los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del pueblo), organismos que han brillado no solo por su ausencia sino por su complicidad y complacencia ante estos brutales acontecimientos.

El derecho a la vida, a no ser maltratadas ni maltratados, ni torturadas ni torturados, a no ser detenidas ni detenidos arbitrariamente, son principios elementales en una sociedad civilizada y democrática, más aún en pleno siglo XXI; sin embargo, gracias, entre otras, al nefasto papel que hoy juegan en Colombia, los grandes medios de comunicación (prensa, radio y TV), de propiedad de los grandes empresarios del país, que se benefician de las políticas y de los contratos de este gobierno, han venido creando en las y los colombianos, la idea de que defender la vida, la paz y la democracia polariza al país y siembra odio, que el país está mal por culpa de los que protestan, justificando de manera criminal los asesinatos, la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. La historia ha mostrado como sangrientas dictaduras como la de Pinochet en Chile, o Videla en Argentina, entre otras, siempre contaron con el apoyo de los grandes empresarios, a quienes solo les interesa sus ganancias así haya que acabar con la democracia o con la vida de las ciudadanas y ciudadanos para que sus ganancias no solo se mantengan, sino que se incrementen.

El gobierno se pronuncia en todos los escenarios nacionales e internacionales señalando que en Colombia se respetan los Derechos Humanos, pero en la práctica, en medio del conflicto y de las movilizaciones pacíficas de protesta e inconformidad, colmadas de expresiones culturales, artísticas y folclóricas, se le da la orden a la Fuerza Pública de desmovilizar, dispersar a sangre y fuego a las y los manifestantes. No se trata de unas manzanas podridas dentro de la Fuerza Pública (ejército y policía), que hacen uso desmedido de la fuerza, es una política del gobierno suficientemente documentada. A los policías rasos, a los reclutas les inculcan a diario, los adoctrinan, que eso de los Derechos Humanos es cosa de la guerrilla, de los comunistas, del castrochavismo que quiere acabar con el país.
No se puede olvidar lo acontecido en el mes de septiembre del año pasado, cuando fue brutalmente asesinado en Bogotá, por agentes de la Policía Nacional, el joven abogado Javier Ordoñez. Esta grave situación originó una fuerte y justa movilización social de protesta en la cual cayeron asesinadas 13 personas, presumiblemente por la acción de la Policía Nacional y frente a lo cual la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo no se pronunciaron, no se conocen las necesarias y obligadas investigaciones para aclarar los hechos, juzgar y sancionar a los responsables. Lo que el país vio fue al presidente Iván Duque disfrazado de policía, expresando de esta manera su apoyo a una Fuerza Pública completamente desprestigiada, siendo visto además como una afrenta a las víctimas y a sus acongojadas familias.

Tampoco se puede olvidar la aterradora cifra de 6402 personas, principalmente jóvenes, asesinados a sangre fría por el ejército colombiano, durante los gobiernos de Alvaro Uribe Vélez, el capo de la fuerza política de extrema derecha que hoy gobierna en Colombia. Estas 6402 personas fueron presentadas como guerrilleros caídos en combate. Una vez asesinados, se les colocaba burdamente, uniformes camuflados y armas de fuego y luego los militares (oficiales, suboficiales, reclutas) reclamaban los premios, bonificaciones, permisos, ascensos por tan heroica labor. A este infame acontecimiento se le conoce como falsos positivos siendo en realidad crímenes de lesa humanidad, situación que ha sido demostrada plenamente ante la faz del mundo por los organismos de investigación tanto del orden nacional como internacional.

Como tampoco se puede dejar de mencionar que han sido asesinados cobardemente en los últimos años cerca de 300 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC, hombres y mujeres, que habían firmado los Acuerdos de Paz de la Habana y estaban trabajando comprometidos con la paz y la reconciliación de los colombianos. Recuérdese que esta fuerza política que hoy gobierna a Colombia prometió en campaña electoral “hacer trizas” los Acuerdos de Paz de la Habana.

Esta es la situación en materia de Derechos Humanos en Colombia hoy en día, que numerosas organizaciones sociales y personalidades democráticas, tanto del país como de fuera de él, han denunciado públicamente y ante los organismos de justicia nacionales e internacionales. Fue la movilización social y la presión nacional e internacional las que obligaron al gobierno de Iván Duque a permitir el ingreso a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

El repliegue o cambio de táctica impulsado desde el Comité Nacional de Paro CNP a la portentosa movilización social presente en toda la geografía nacional, tuvo como propósitos: 1) salvaguardar la vida de las y los manifestantes ante la violenta arremetida de la Fuerza Pública, en algunos casos acompañada de paramilitares que disparan sin ningún escrúpulo a la indefensa población, similar a los camisas negras de Mussolini , solo que aquí se visten de blanco; y 2) acumular fuerzas para enfrentar de la mejor manera posible, en el marco de la más amplia UNIDAD, al régimen fascista.

El escenario político que se vislumbra para el 2022 es una oportunidad para derrotar, si se logra la necesaria UNIDAD, a estas corruptas fuerzas de extrema derecha hoy empotradas en el control de Estado, e iniciar la construcción del país que queremos, donde se reconozcan, se respeten y se garanticen, por encima de todo, los Derechos Humanos, la paz y la democracia para todas y todos los colombianos. EL FASCISMO NO PASARA.

Por: Néstor Raúl Ramírez Moreno*

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* Docente-investigador vinculado al magisterio de Bogotá. Integrante del equipo de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, subdirectiva Bogotá-Cundinamarca. Autor de numerosos artículos en el campo de la Política, de la Economía, de los Asuntos Ambientales y de la Pedagogía, publicados en revistas académicas y en periódicos de circulación en el ámbito educativo y de los trabajadores en general. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


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