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En solo dos debates fue aprobada la reforma tributaria cuya autoría se le atribuye al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien sin el más mínimo recato radicó el proyecto bajo el demagógico nombre de “ley de inversión social”

Fue radicada con la figura de “carácter de urgencia” con la idea de aprobarla en forma exprés. En efecto, en el Senado hubo a favor 76 votos de 106 con el consabido “pupitrazo” sin que los partidos que se oponían tuvieran el tiempo necesario para su estudio y debate. Para obtener esta aplastante mayoría, los partidos de gobierno encabezados por el Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos Liberal y Conservador, y el Partido de la U se alinearon con el presidente Duque y votaron obedientemente el articulado.

Objetivos de la reforma

Era de esperarse que luego de hundido el proyecto de Alberto Carrasquilla que se convirtió en la chispa que originó la movilización y protesta de millones de colombianos a lo largo y ancho del país, el gobierno tenía que presentar un proyecto alterno para solventar el déficit fiscal de 2022 pero también bajo la presión de las calificadoras de riesgo que le redujeron la calificación de la deuda externa con la banca internacional. Las otras motivaciones que presentó el gobierno sobre la necesidad de esta reforma, fueron la necesidad de recursos para la reactivación económica y para cubrir los gastos derivados de la pandemia.

El asistencialismo

Al revisar las fuentes (ver tabla 1) y destinatarios de los recursos a recaudar con este proyecto (15 billones de pesos), se puede constatar que esta reforma es en esencia, la extensión de los auxilios -de por sí precarios- para las familias que subsisten en la informalidad; para la población adulta que carece de recursos para su subsistencia, y el también mínimo apoyo al desempleo que se incrementó a causa de la pandemia. Dentro de estos tres grupos de beneficiarios el gobierno destaca el programa Ingreso Solidario, consistente en una transferencia monetaria de $480.000/mes para las familias no incluidas en otras ayudas estatales y va dirigido a 4,1 millones de hogares.

Se mantienen las gabelas

De acuerdo a la tabla 1, si bien es cierto que la tarifa de renta para las empresas aumentó dos puntos porcentuales, de 33 a 35 por ciento, también lo es que aplica para todo el rango de empresas con lo cual se castiga a la micro y mediana empresa que son el 90 por ciento del total. Se mantiene la gabela de pagar solo el 50 por ciento del impuesto de industria y comercio. Las medidas antievasión son como se dice, de dudoso recaudo y la austeridad en el gasto público en gran parte se busca a costa de reducir la planta de personal y de congelar el incremento de los salarios de los servidores públicos.



Cifras en billones de pesos

ICA: Impuesto de industria y comercio

Fuente: Ministerio de Hacienda

Inversión social

Así quedó bautizado este proyecto que en esencia se reduce a aumentar el valor del auxilio a la población de la tercera edad (Colombia Mayor), que además no cubre a la totalidad de este grupo etario pues para acceder a esta ayuda, hay que cumplir algunos requisitos; matrícula sin costo para educación superior oficial para los estratos 1, 2 y 3 que cubriría a unos 670.000 estudiantes y tres días sin IVA. La renta básica de un salario mínimo que es una de las peticiones del Comité Nacional de Paro, por supuesto que no figuraba en el articulado. El citado ministro presentó como las “grandes bondades” de esta reforma el hecho que no tocara el IVA para los bienes de la canasta básica, ni las pensiones, ni la base gravable de los salarios que irán a pagar impuesto. Justamente estos puntos de la anteriormente reforma archivada llenaron la copa de la inconformidad, que, sumado a la indignación generalizada contra la brutalidad y abusos policiales, desató un paro de carácter nacional sin precedentes en el país en los últimos años.

Los intocables

El impuesto a los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar y causantes en gran medida de la diabetes en la población joven no fue incluido en el proyecto. De igual forma quedó sin modificación el impuesto a los dividendos (10 por ciento), no prosperó la propuesta de elevarlo al 15 por ciento. Ni se consideró tampoco el desmonte de las innumerables gabelas tributarias de que gozan las transnacionales minero-energéticas (carbón, oro y crudo). Lo anterior en el marco de incentivar y garantizar la inversión extranjera en el país.

Recursos para la paz

Dos puntos de la reforma dejarían sin recursos el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se ejecuta en 170 municipios del país más afectados por el conflicto. Unas 100.000 familias del programa de sustitución de cultivos ilícitos se verían afectadas. De igual forma el punto aprobado que acaba con la figura de obras por impuestos en estos municipios, pero que se puede extender a otras regiones donde la nación tenga proyectos estratégicos, podría impactar al 36 por ciento del territorio nacional afectando a unos 6,5 millones de habitantes en total. Toda una estrategia para sabotear los Acuerdos de La Habana en lo que concierne a las zonas mas azotadas por el conflicto.

Este repaso de las cifras de la reforma permite concluir que estamos hablando de una redistribución de la pobreza, no obstante, el presidente Duque no tuvo problema en declarar que “la Ley de Inversión Social es, quizás, la ley social más importante que se ha aprobado hasta ahora en Colombia en este siglo y, por qué no decirlo, en los últimos 50 años” (El Tiempo, sept 12/2021, pág. 1.4).

Se puede decir con base en lo anteriormente expuesto que esta reforma al igual que las anteriores, mantiene el principio regresivo, o sea, graba por igual ingresos altos y bajos; por otro lado, no cumple la finalidad de la equidad, es decir, reducir la brecha social entre los colombianos.

Por: Iván Posada P.
SemanarioVoz.com

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