Nos hemos preguntado por qué un gobierno tan aparentemente débil e incapaz como el de Duque-Uribe no ha podido ser “frenado” o “neutralizado” por la ciudadanía o los sectores populares, a pesar que ha retado de diversas maneras a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas, no sólo negándose a dialogar sino asumiendo una actitud provocadora y agresiva.

Dicha actitud se materializa en la desidia y el desprecio como manejan la problemática de la violencia, las masacres y los asesinatos de líderes sociales; el saboteo al proceso de paz; el apoyo irrestricto a las acciones criminales de la policía y la satanización de la protesta social (caso del 8 y 9 de septiembre en Bogotá); los intentos por desprestigiar y destruir la JEP y/o cooptar las Cortes Judiciales; y cómo colocan su economía por encima de la salud en el manejo de la pandemia.

Además, ese comportamiento autista y autoritario se manifiesta también en la forma como manipulan y monopolizan los llamados “órganos de control”, la fiscalía general y la dirección del Banco de la República, en donde combinan cierta soberbia y sobradez con formas aparentemente moderadas, populistas y “almibaradas”, mientras preparan -casi a escondidas- las reformas que ahora consideran indispensables para atender la pandemia como la laboral, pensional y tributaria.

En ese sentido es importante recordar que:

a) La oposición democrática, incluido el progresismo y la izquierda, obtuvo una votación importante en 2018 (más de 8 millones de votos);

b) Ese resultado electoral fue relativamente confirmado en las elecciones locales y regionales de 2019, en donde el uribismo fue derrotado en importantes ciudades y departamentos;

c) A finales de ese año (2019) se desencadenó una movilización social (21N) de importantes dimensiones, que se compara con el último Paro Cívico Nacional realizado en 1977.

d) Las denuncias y evidencias sobre la forma fraudulenta como Duque se hizo elegir, habían logrado desprestigiar y debilitar al gobierno ante la opinión pública.

Las razones que se plantean para explicar esta situación en la que Duque avanza “con nadadito de perro”, tienen que ver con que el gobierno logró construir una coalición mayoritaria en el Congreso, o sea, “que no es tan débil”; que el impacto de la pandemia le ha dado un respiro, a pesar de los problemas que implica; que cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación, algunos de los cuales se han alineado abiertamente con el uribismo; y además, que las fuerzas de oposición no han diseñado una estrategia unificada.

Aunque esas razones pueden ser ciertas, pienso que es necesario revisar con mayor detalle la naturaleza y el carácter del gobierno de Duque. En anterior artículo planteamos que Duque como gobierno es un fracaso. No obstante ha sido útil para su “manager” Uribe y el Centro Democrático, y les ha cumplido hasta donde ha sido posible. El carácter de su gobierno está determinado por las necesidades de Uribe y de las diversas mafias (narcos, burócratas, banqueros) que paulatinamente se han apoderado de este país y del Estado.

En ese sentido es importante identificar los cambios que se están operando al interior de las castas dominantes. El avance electoral de un candidato como Gustavo Petro ha alertado a las altas cúpulas de la oligarquía colombiana. Con Santos lograron desmovilizar y desactivar a las Farc, y hoy pareciera que con eso se conforman. Entienden que en el nuevo escenario las fuerzas alternativas y de izquierda pueden llegar a la presidencia de la república, y esa percepción ha empezado a unificarlas alrededor de una estrategia que por ser macabra puede parecer increíble y suicida.

Un hecho que debe alertar a todos los sectores democráticos es que existe una especie de inacción gubernamental ante el avance de la violencia en muchas regiones. Ese es un aspecto central ligado al control mafioso de la economía, del Estado y de la vida. Lo comprueban numerosos estudios nacionales e internacionales que muestran cómo durante la administración Duque todos los indicadores de violencia han crecido en forma alarmante. Es algo realmente preocupante.

Hace pocos días el Representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas Morán, denunció hechos muy graves en el sur del Cauca. “En Argelia parece existir un pacto de no agresión entre la fuerza pública y los distintos grupos armados”, aseveró y complementó: “Lo que afirma la gente es que el Ejército prácticamente no realiza ninguna acción ofensiva contra esos grupos”. Y todo indica que es la actitud asumida por el ejército en todo el territorio nacional.

Así recrean la “nueva guerra” e imponen la percepción de inseguridad. Necesitan que los grupos armados ilegales -sin importar su origen o actuar- crezcan y se fortalezcan. Como no lograron destruir la JEP, ahora recrean las condiciones que le dieron vida al “embrujo autoritario”. Con los “entrampamientos” del anterior Fiscal General (NHMN) forzaron a un sector de comandantes farianos a rearmarse, acción que les sirvió para posicionar la idea de que esa violencia es resultado de los acuerdos de paz y una estrategia “castro-chavista”. Hacen trizas la paz.

Todo lo anterior lleva a pensar que este gobierno es un instrumento para realizar un sistemático y calculado asalto a la institucionalidad existente. Parecieran estar quemando las naves de la precaria democracia colombiana, y no sólo como un intento uribista sino como una acción concertada del bloque dominante. Perciben los avances de los sectores democráticos como una amenaza a sus intereses, y no están dispuestos a ceder en lo más mínimo.

Su modelo económico, dependiente de la extracción de materias primas, del narcotráfico y de la informalidad, que es obra de una oligarquía permeada por toda clase de mafias (narcos, burócratas y contratistas corruptos, banqueros parásitos y usureros, etc.), a pesar de las apariencias está haciendo agua, y ellos no están dispuestos a concertar soluciones estructurales con los pequeños y medianos productores, los trabajadores, los profesionales precariados, los campesinos e indígenas, y otros sectores sociales, y prefieren el camino de la antidemocracia y el autoritarismo.

Es por ello que los sectores democráticos debemos replantear nuestro accionar. No será con acuerdos burocráticos de cúpulas electorales como podremos enfrentar el reto que tenemos al frente. Hay que acudir, convocar y articular a los amplios sectores independientes y sin partido que no quieren saber de peleas y debates de egos y orgullos, que solo llevan a más división. Con esos sectores se puede y debe construir el escenario para canalizar y encauzar el estallido social que inevitablemente detonará en el futuro inmediato.

No se trata tampoco de desesperarnos y llamar a la movilización y la protesta cuando en plena pandemia es otro desgaste. Se trata de tejer y construir acuerdos locales y regionales, que repercutan en Bogotá y a nivel nacional y nos preparen para enfrentar seriamente al enemigo común. Todas las fuerzas deben ser tensionadas y unificadas. Si tenemos claro el diagnóstico, será relativamente fácil concertar la estrategia y las acciones para consolidar ese frente político y social.

Nota: La acción de alcaldes y gobernadores que mantienen su autonomía e independencia frente al gobierno nacional debe ser respaldada sin ninguna reserva, dado que han sido casi los únicos actores que han logrado “frenar” al gobierno nacional.

Por Fernado Dorado |05/02/2021 | Colombia
Fuentes: Rebelión

Blog: https://cutt.ly/ukjM6WS

Informe: Perspectiva sindical sobre la implementación de los ODS 2021. 

COVID-19: LOS TRABAJADORES NECESITAN RESPUESTAS DURABLES A LA CRISIS

Las medidas de apoyo establecidas por el Gobierno en el contexto de la pandemia de COVID-19 incluyen: bajas remuneradas por enfermedad, protección parcial de salarios/ ingresos, moratorias en el pago de créditos y acceso a préstamos para las empresas (esencialmente a favor del gran capital). Sin embargo, ha habido retrasos en el acceso a estas medidas para las micro, pequeñas y medianas empresas, y en la aportación de asistencia a las familias. Los sindicatos reclaman al Gobierno protección social universal y acceso gratuito a servicios de salud y un mayor apoyo para la protección de salarios/ingresos.

Los sindicatos instan al Gobierno a analizar los impactos de la COVID-19 y adoptar una estrategia para superar la pobreza y generar ingresos de emergencia para las poblaciones más vulnerables, incluyendo planes de capacitación, entrenamiento y recalificación de trabajadores/as; adoptar medidas adecuadas de seguridad en el sistema de salud y para los trabajadores/as de la salud; introducir medidas diferenciales para mejorar la situación de mujeres y jóvenes, como la promoción del empleo en el sector público; la adopción de una renta básica universal; intervenir en la política monetaria para bajar efectivamente las tasas de interés; y la aportación de un apoyo efectivo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Descargar Informe en PDF

¿Quiénes somos?

Somos una organización sindical del sector de la salud, conformada por los trabajadores y trabajadoras de la Clínica Nueva, “SINTRACLINU”. Desde hace 5 años los y las trabajadoras hicieron intentos para unir fuerzas y formar el sindicato en la clínica, pero con grandes inconvenientes ante una administración que llegó a despedir al personal que se quería organizar en un sindicato.

¿Por qué nos organizamos en un sindicato?

Hay diferentes situaciones que nos llevaron a organizarnos, entre ellos: -El trato deshumano hacia el personal de la salud; -Descanso sin equidad entre el personal (médicos. Enfermeros, auxiliares, farmacia y terapeutas respiratorios); -no contar con un sitio digno para tomar los alimentos; -no tener un sitio para el descanso; la negativa al aumento salarial (durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 no hubo incremento), perdiendo su valor adquisitivo, Igualmente, no existía oportunidad para tener un crecimiento profesional en la institución; Por el contrario, la administración realizó despidos del personal antiguo que tanto le habían aportado al crecimiento de la institución. Otro motivo importante para buscar la organización, es sobrecarga laboral que padecían los y las trabajadoras, situación que afecta la atención de los pacientes al no ofrecer el personal idóneo y el número necesario para una atención humana, oportuna y de calidad.

¿Cuándo iniciamos la organización?

Por las anteriores razones, entre otras, que han generado gran inconformidad en los trabajadores, el día 20 de julio del año 2020 se convocó una reunión con los compañeros que trabajan en la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, --Clínica Nueva-, ya que esta empresa es una entidad de salud que pertenece a dicha Congregación, una entidad caracterizada “sin ánimo de lucro.

En dicha reunión, con la aprobación y el apoyo de las y los compañeros asistentes, se formalizó la organización sindical. Esta reunión se desarrolló de forma presencial, además de una plataforma virtual para mantener el distanciamiento social. Se aprobó la conformación del sindicato; De esta manera, se eligió la junta directiva, se aprobaron los estatutos con el acompañamiento de un abogado que apoya nuestra causa. El sindicato se conformó inicialmente con 30 personas.

La Puja inicial

Los días 14, 15, 16,17 de agosto, en el transcurso de un puente, algunos miembros de la organización sindical naciente fueron despedidos sin justa causa por la Congregación. El día 18 de agosto radicamos un derecho de petición para solicitar el reintegro inmediato a la institución al personal despedido sin justa causa y, además, haciéndoles conocer que este personal hacia parte de la organización sindical, y que legalmente le asistía el derecho al fuero sindical. De esta manera, le notificamos a la administración que los trabajadores estábamos organizados legalmente en una organización sindical para defender los derechos laborales, salariales y prestacionales.

¿Ustedes se preguntarán porque no informamos antes a la institución?

La respuesta es que aún no teníamos el acta de depósito por parte del ministerio, ya que por la pandemia que estamos atravesando todo se está realizando en la modalidad virtual y esto ha generado una demora.

Persecución

Sin embargo, la Clínica ha tenido que reintegrar a 7 trabajadores a la institución. Desde ese momento, hemos sido víctimas de la persecución sindical; A algunos compañeros sindicalizados les abrieron procesos disciplinarios que no tenían fundamento para imponer sanción alguna, es decir, despedidos sin justa causa y desconociendo el fuero sindical, casos que se encuentran en proceso ante las entidades competentes. Además de los anterior, la propaganda del sindicato en la institución ha sido retirada abusivamente y se ha sembrado el temor entre los compañeros para que no se afilien a la organización sindical.

El día 25 de noviembre del año 2020, el Ministerio de Trabajo expidió el acta de depósito y la certificación de que la organización sindical existe y se encuentra registrada, compulsando copia a la Clínica Nueva. De 30 compañeros que iniciaron el proceso de la organización sindical, pasamos a hacer 41; sin embargo, debido a los despidos, del miedo que han sembrado en los compañeros y de algunos que han renunciado a las clínica por la sobrecarga laboral, nos disminuimos a 32 miembros de la organización.

Estamos trabajando fuertemente para que nuestros compañeros se afilien a la organización sindical. Somos realmente nuevos en este tema, pero tenemos la energía y la convicción para sacar adelante nuestra organización y velar por el bienestar de todos nuestros compañeros de la Clínica Nueva.

Queremos fortalecernos y hacer todo lo que sea posible, dentro del marco legal, para impulsar con fuerza a nuestra organización, y exigiéndole al sector para que brinde las garantías adecuadas para el ejercicio de la profesión en el seno de los trabajadores de la salud.

Descarga en PDF Informativo Cut Bogotá Cundinamarca No. 196  

Sintraemsdes Nacional respalda la defensa de del medio ambiente

La Junta Directiva Nacional de Sintraemsdes se declaró en respaldo permanente a los campesinos de Cartagena del Chaira en el departamento del Caquetá y agremiados a través de la Mesa Municipal Campesina de Concertación Agroambiental y la Asociación de Juntas Comunales del municipio de Cartagena del Chairá, luego que elevaran en días pasados un llamado de auxilio ante el avance incontrolado de la deforestación de la selva en esa región del país.

Las organizaciones representan a numerosas familias campesinas y comunidades radicadas en la zona de reserva forestal definida por la ley 2 de 1959 y que se han constituido en defensores del medio ambiente y específicamente de los territorios de reserva forestal de esa región.

Representantes de las organizaciones aseguraron que se presenta una rápida deforestación en las zonas comprendidas entre los ríos Yari, Caguán y Sincilla en territorios que hace parte del municipio de Cartagena del Chaira, sin que las autoridades emprendan acciones significativas para impedirlo.

Por el contrario, organismos como la fiscalía en sus seccional departamental, ha emprendido medidas de persecución y desalojo en contra de las comunidades de campesinos, incluidos niños y ancianos que aunque se encuentran asentados en territorios de reserva, han mantenido un papel de conservación y protección de las especies vegetales y animales de la reserva.

Efectivamente, extensos territorios de selva vienen siendo arrasados, muchos de ellos con fines de agricultura y ganadería extensiva, las cuales solo pueden ser emprendidas por empresarios con todo el poder económico para operar sin cuestionamiento alguno, mientras que comunidades que han permanecido por décadas en territorios mucho menos extensos sufren una intensa persecución y estigmatización de las autoridades del municipio, según lo expresado por los miembros de las comunidades afectadas.

En su denuncia, la comunidad califica de equivocada, represiva y violatoria de los derechos humanos a la política establecida por el gobierno de Iván Duque y que no contempla medidas eficaces para realizar una reforma rural que reubique a las comunidades asentadas por décadas en lo que recientemente se han declarado como parques nacionales, les ofrezca alternativas de subsistencia y que además recupere las tierras de manos de los grandes acaparadores.

Aunque el Acuerdo 015 del 7 de diciembre de 2018 aprobado por el Concejo Municipal de Cartagena del Chaira, contemplaba el compromiso de adelantar el plan de acción de reducción a cero de la deforestación en territorios protegidos, este se ha aplicado de manera selectiva y preferencialmente en contra de los pobladores más humildes.

Así es como se ha perseguido a organizaciones sociales creadas para la protección del medioambiente tales como la Organización Campesina para la Protección Ambiental y Producción Agroforestal del municipio de Cartagena del Chairá, ASCPROACAR, y sus representantes legales, suspendiéndole la personería jurídica.

La Junta Directiva Nacional de Sintaremsdes manifiesta su solidaridad con los directivos y miembros de ASOCPROACAR, y les ofrece el apoyo a su labor de protección medioambiental como ya lo ha hecho con causas exitosas como la defensa del Páramo de Santurbán, pero además invita a todas las organizaciones no gubernamentales a hacer sentir su voz de apoyo a la protección del medioambiente en esa región del país y expresar su rechazo a la persecución de los líderes de esta organizaciones que al contrario sufren amenazas y desplazamiento a manos de entidades que deberían garantizar su protección.

 

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