Nuevamente asistimos al ritual, que se efectúa cada año, y que tiene que ver con las discusiones y puesta en práctica, del reajuste del salario mínimo, para la población trabajadora, y desde luego, la pensional. A través de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, en estas idas y venires, de la batalla de las cifras, debemos apoyar al equipo negociador de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la FECODE, las organizaciones de pensionados, básicamente las dos confederaciones, al equipo económico, asesor de la Universidad Nacional, a las diversas organizaciones sociales y sindicales, que luchan en este escenario, por unas condiciones de aumento, dignas para los sectores de trabajadores y pensionados del país.

Este año, denominado el año de la pandemia, ha puesto al descubierto, todas las lacras del capitalismo, como la privatización y precariedad del sistema de salud, que mata más personas enfermas, que el propio virus, la des financiación a profundidad, de la educación pública estatal, el aumento a cifras escandalosas, de los índices de desempleo, el alto costo de la vida, la violación constante de los derechos humanos, que se expresa en la brutalidad policial, las masacres y asesinatos selectivos, de líderes y lideresas sociales, el cerco mediático, de la mayoría de medios de comunicación, que le ocultan y tergiversan a la opinión pública, estas realidades, la dictadura civil, con tendencias fascistas, que se está configurando, en el gobierno Duque, el fracaso del plan Colombia, como lo reconoce el informe del senado de los Estados Unidos, pero que se sigue aplicando en el país, el decreto 1174, que precariza aún más las condiciones laborales de los trabajadores, y que impone una regresiva reforma pensional, donde prácticamente es imposible, conseguir este derecho, por las condiciones agudas de precarización a la que es sometido el mundo del trabajo.

La coyuntura actual, exige de nosotros los sectores asalariados, grandes niveles de unidad, y los pensionados, estamos inmersos en esta problemática, en este caso, en lo relacionado con el incremento del salario mínimo, para la vigencia 2.021, analizando que la propuesta de los gremios económicos, y el empresariado, es de aproximadamente el 2%, contraria a la propuesta de las centrales obreras, que se mantiene en un aumento del salario mínimo de $1.000.000°° más el auxilio de transporte por $120.000°°.

Debemos exigir, por las condiciones excepcionales de este año, el incremento del salario mínimo planteado por las centrales obreras, y teniendo en cuenta las categorías económicas entre salario real y salario nominal o formal; y el referente del índice de inflación. Lamentablemente y por varios años ya, el poder adquisitivo pensional, está en un franco retroceso, de niveles de precarización alarmantes; porque en las negociaciones se nos aplica, el IPC, que deprime constantemente el aumento de las mesadas pensionales, colocándonos en niveles totales de desventaja.

También creemos conveniente, el plantear un cambio en la metodología, de negociación en el ámbito salarial, laboral y pensional; con una mayor presencia de las organizaciones pensionales, crear espacios de interlocución más agiles y permanentes, entre las centrales obreras, los movimientos sociales, políticos, con los pensionados.

Y las organizaciones pensionales, asumir el reto de la unidad, de generar nuevas propuestas de organización, con esta crisis mundial, para contrarrestar los efectos devastadores del neoliberalismo; debemos seguir el ejemplo de los pensionados chilenos, y de los chalecos amarillos en Francia, que han participado en la movilización social de sus respectivos países, de acuerdo a sus capacidades. en Colombia también tenemos que estar, de acuerdo a nuestras posibilidades, apoyando y participando en las diferentes movilizaciones sociales.

Por: Orlando Solórzano Roldan
Presidente, ANEP – Bogotá.

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El pasado 16 de diciembre finalizó la negociación del pliego de peticiones de los (las) trabajadores(ras) presentado por la UNEB a el Banco AV Villas alcanzando un acuerdo.

La negociación estuvo mediada por la falta de interés del banco por presentar propuestas serias e integrales al pliego de peticiones presentado directamente relacionadas con su condición privilegiada al hacer parte del sector más rico de la economía.

Finalmente, y producto de la unidad, la organización y la lucha la UNEB firma una nueva Convención Colectiva de Trabajo con vigencia a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023.

El reto para los y las trabajadoras de AV Villas será el de defender y respaldar su Convención Colectiva de Trabajo. Un buen inicio es la afiliación a la UNEB.

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Estamos sobre el final del 2020, con las fiestas y los tradicionales encuentros de despedida del año que termina y con augurios por el que viene. Son ocasiones adecuadas para hacer balances del más diverso enfoque. En ocasiones se clama por el final de este “nefasto” año en lo socioeconómico para casi todes (una ínfima minoría acumuló inmensos ingresos y riquezas), pero también de expectativas por quienes ampliaron familias, afectos, o multiplicaron relaciones para una sociabilidad más placentera.

Incluso, con cierto optimismo estamos los que coincidimos en la necesidad de formular articulaciones socio políticas para disputar el orden social. No todo está perdido y con Fito decimos que venimos a ofrecer nuestro corazón. De un lado, la pandemia favoreció reestructuraciones regresivas del orden social, que busca constituirse en nuevas normalidades, que agravan el saqueo y la explotación de la antigua normalidad capitalista.

No cabe duda que el gran tema es el impacto sanitario y económico del COVID19. Golpea de una manera directa, aun cuando la vacuna parece estar a la vuelta de la esquina. Pero en el capitalismo y en su tendencia a la mercantilización creciente, las vacunas se ofertan en el mercado. Allí se juega la valorización de los capitales invertidos en las transnacionales farmacéuticas. No puede ser de otro modo, la ganancia es el móvil al que se subordina el propio Estado capitalista, que traslada a la sociedad el costo de la investigación de base con la que las farmacéuticas desarrollan los productos que luego venden en el mercado, precisamente a los Estados, quienes las compran por millones. Se trata de un negocio redondo, ya que el costo de la investigación dura, de base, lo asume la sociedad desde la educación pública y los ámbitos de la investigación científica estatal. El rédito económico es apropiado privadamente por monopolios que intervienen en la comercialización de los fármacos.

Veamos como la preocupación transita la argumentación de los organismos supranacionales y de los Estados, quienes buscan desarrollar políticas que contengan el ciclo recesivo y se predispongan al relanzamiento del crecimiento y el orden del régimen del capital. Desde la Comisión Económica para América Latina se puede leer:

“Antes de la pandemia, la región ya mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3% en el sexenio 2014-2019, y específicamente en 2019 una tasa de crecimiento del 0,1%. Con la llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, y en una caída del 7,7% del PIB regional. Dicha contracción de la actividad económica ha venido acompañada de un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7%, una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad”[1]

Es elocuente la cita, que remite a la peor crisis en 120 años, lo que no retrotrae a comienzos del Siglo XX. El problema es que la región tiene menos del 10% de la población mundial y sin embargo acumula más de un tercio de los contagios y muertes por el COVID19. Por eso, la gravedad de la situación se suma a problemas que anteceden, tal como destaca la CEPAL, e involucran de manera creciente a variados países. Por su parte, la Reserva Federal de EEUU (FED), es decir, el Banco Central de la potencia hegemónica del sistema capitalista, informa que:

“La pandemia de COVID-19 está causando enormes dificultades humanas y económicas en los Estados Unidos y en todo el mundo. La actividad económica y el empleo han continuado recuperándose, pero se mantienen muy por debajo de sus niveles de principios de año.”

“El camino de la economía dependerá significativamente del curso del virus. La actual crisis de salud pública seguirá afectando la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas a medio plazo.”

“El Comité decide mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 0 a 1/4 por ciento y espera que sea apropiado mantener este rango objetivo hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con el Comité”[2]

Así, el Comité de política monetaria de la FED nos informa de las debilidades de la recuperación estadounidense y la necesidad de sostener bajas las tasas de interés para activar la economía. Es una declaración en sintonía con el debate parlamentario estadounidense para un estímulo en asignaciones de recursos por 900.000 millones de dólares, con cheques por 600 y 700 dólares a personas en sus domicilios, como pagos de emergencia, ayuda por desempleo y asistencia por alquileres, ayuda a pago de nóminas de empleados a empresas con dificultades, además del financiamiento para el acceso a la vacunación. Es una gigantesca intervención estatal para intentar compensar el impacto social de una crisis de enorme magnitud en el marco de la incertidumbre que genera el cambio de gobierno en enero 2021. Por su parte, la Unión Europea aprobó un plan plurianual 2021-2027, donde destacan la “dramática crisis” para destinar 1,1 billones de dólares, a lo que se suma el Fondo Europeo de Desarrollo por 750 000 millones de euros.
En conjunto, señala el Consejo europeo:

“…permitirá a la UE proporcionar una financiación sin precedentes de 1,8 billones de euros en los próximos años para apoyar la recuperación de la pandemia COVID-19 y las prioridades a largo plazo de la UE en diferentes políticas y áreas.”[3]

En rigor, no solo CEPAL, la FED o la UE manifiestan sus inquietudes sobre la situación actual. Todos los organismos internacionales, más allá de las especificidades llaman la atención sobre el momento. Es algo a tener en cuenta, incluso para leer entre líneas las propuestas que cada ámbito propone y quienes son en definitiva los sectores sociales y económicos a los que se apuntan para la sostenibilidad del orden social capitalista. En última instancia lo que se pretende es la vuelta a la “normalidad”, la que precisamente es la que nos trajo hasta acá. La normalidad capitalista es la que provoca la situación actual, de desaceleración de la economía antes del COVID19, agravada con la crisis sanitaria, la que, además, no es otra cosa que un fenómeno derivado del modelo productivo y de desarrollo del capital y el “capitaloceno” (el capital y no el ser humano es el responsable de la crisis ambiental y el cambio climático).

Mercantilización y debates por la soberanía

La normalidad de la mercantilización ampliada se expresa en estas horas con la inauguración de la cotización de los “derechos de uso del agua” en el mercado de futuros de California. Hace apenas una década, en 2010 que Naciones Unidas sanciono el derecho al agua como patrimonio de la humanidad. En plena crisis sanitaria y económica, con falencias y necesidades insatisfechas a varios niveles, la especulación alcanza a los bienes comunes, en este caso el agua. La disputa por el agua, para la vida de la humanidad y para usos económicos en la producción agrícola ganadera, en la minería y diversos usos, transforma el bien común y el derecho de la población al acceso en una mercancía que se negocia desde ahora en el mercado de futuros, que desde California pretenderá extenderse y universalizarse en desmedro de la mayoría sin acceso al agua. Asociado al tema está el trasvase de los cursos de agua al servicio del capital concentrado y sus negocios, en desmedro de las necesidades sociales de poblaciones enteras.

No solo es el agua, sino también la disputa por las tierras raras, el litio y cuantiosos materiales que integran el debate si son considerados mercancías o bienes comunes. Una u otra definición es lo que diferencia al capitalismo de otras formas de organización económica de la sociedad, que en las condiciones actuales necesita ser debatido en el ámbito mundial.

China será el único país con crecimiento este año, débil, por cierto, pero con una base para alejar el mayor impacto de una situación que golpea mundialmente. Es un país de gran demanda de bienes comunes, de los que hay abundancia en Nuestramérica, sin perjuicio de ser el principal productor de “tierras raras”, en competencia nada menos que con EEUU. Es el piso para pensar en la recuperación china del 2021 en mejores condiciones para su avance en la disputa hegemónico de la producción mundial.

Pero vale el interrogante más allá de cualquier interés nacional, en el sentido de resolver la continuidad de la tendencia por a la mercantilización o transitar un rumbo diferente en el camino de la des-mercantilización y a favor de los valores de uso y el derecho y acceso social a los bienes comunes de la humanidad. La discusión tiene sentido por el peso de Nuestramérica y su potencial en bienes comunes que pretenden las grandes potencias de la economía mundial. Por eso hay que pensar la región latinoamericana y caribeña en este marco de tensiones globales.

La lucha por un orden soberano en nuestros países está al orden del día y Cuba es noticia por su intento, largamente postergado, de intentar soberanía monetaria. Desde el inicio del 2021 lanza su “ordenamiento monetario”, pretendiendo terminar con la doble moneda, la nacional y el dólar. Se propone Cuba des-dolarizar su economía, algo que logro el Estado Plurinacional de Bolivia durante la gestión de Evo Morales y que el golpe no pudo eliminar en un año. Es algo que Ecuador no pudo desandar bajo el gobierno de Correa y menos ahora, ni Venezuela que se debate en una encrucijada de un Bolívar atacado por el imperialismo y la especulación, tal como explicó en estas horas en un conversatorio la economista de Caracas Pasqualina Curcio. El video con abundante data sobre la realidad económica de Venezuela puede verse en: https://youtu.be/c-L1pYJtS-U

La economista venezolana se animó a desmitificar las falsas teorizaciones de liberales y monetaristas ortodoxos que asocian la elevada inflación a la emisión monetaria, sin explicar porque no suben los precios ante la gigantesca emisión en EEUU o en Europa. La elevada inflación ocurre en países donde la disputa política es fuerte, caso de Venezuela, de Irán o Turquía. Hemos sostenido en variadas ocasiones que la lupa en la Argentina debe orientare hacia la lucha de clases para entender el movimiento de los precios, justo ahora sobre fines del 2020 donde vuelve a recrudecer la marcación de precios, especialmente de los alimentos, afectando las condiciones de vida de la mayoría empobrecida del país. Para Venezuela está en primer lugar las sanciones unilaterales y el bloqueo desde EEUU. Claro que a esa presión del poder mundial deben sumarse los problemas internos de los países, pero lo central en la manipulación de los precios está en el accionar del poder que disputa la apropiación del ingreso y de la riqueza.

Ante las fiestas por el nuevo año vale la renovación de las expectativas, siempre que no quedemos atrapados en la lógica de la ganancia y si se pueda avanzar en planes que promuevan desarrollos soberanos y articulaciones de una integración no subordinada, alternativa, en contra de la tendencia a la mercantilización de la cotización de los derechos de uso del agua en California. No todo es ofensiva capitalista, precisamente porque el capitalismo es una relación social, en lucha, entre los que dominan y los dominados. Las expectativas siguen colocadas en la posibilidad de transformar la sociedad, lo que supone decisión para la acción política e ideológica en contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2020
Por Julio C. Gambina | 21/12/2020 | Mundo

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[1] CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2020, en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/18/S2000881_es.pdf

[2] FED. Declaración del Comité de Política Monetaria del 16/12/2020, en: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20201216a.htm

[3] Unión Europea, en: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/

Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

 

Una mirada a lo que aconteció en Colombia en este difícil año de 2020 será útil para anticipar algunos de los acontecimientos que vendrán.

In memoriam de Enereana Sofía Díaz y Carlos Payares entrañables amigos fallecidos en este mes. Siempre los recordaremos y enalteceremos su legado.

El manejo de la pandemia ha sido desastroso por donde se le mire. A la fecha de acuerdo con el registro oficial del Instituto Nacional de Salud, INS, se presentan 1´456.599 infectados con 76.833 casos activos. Han fallecido hasta el momento 39.560 personas por la Covid-19. El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, ha documentado un subregistro del 20% el cual solo ha sido actualizado hasta el mes de octubre de modo que proyectando ese subregistro las muertes pueden superar hoy las 47.000 desde el pasado 6 de marzo en que se comprobó el primer caso de Coronavirus en el país. Ocupamos el 11 puesto en el mundo tanto por el número de muertos como por el número de contagios y de acuerdo a los muertos por millón de habitantes ocupamos el lugar 23 pero si se tiene en cuenta el subregistro estaríamos ocupando el 15 lugar en el mundo.

El creciente número de contagios se debe a las políticas públicas puestas en marcha que han sido muy erráticas. Desde el 23 marzo y durante un mes se aplicó una cuarentena rígida que retraso el nivel de contagios, pero éstos se dispararon cuando el gobierno decidió, sin capacidad real para realizar testeos masivos, la apertura primero de la industria manufacturera y de la construcción desde el lunes 27 de abril y luego una apertura generalizada desde el 1 de junio. Hasta la fecha el numero de pruebas ha sido limitado y muy bajo, pero además las pruebas se han aplicado a los posibles contagiados que tienen que solicitarlas a las Empresas Promotoras de Salud, EPS, privadas, que no las autorizan de manera expedita. Las pruebas no se hacen aleatoriamente para controlar, identificar y aislar a los portadores asintomáticos que como se sabe son la mayor parte de los infectados. De esta manera las pruebas van detrás del virus con muy poca probabilidad de detener o por lo menos disminuir el contagio. El subregistro de los contagiados es enorme. Se calcula que hoy en realidad hay más de cinco millones que han padecido del virus y ante la falta de testeos masivos la enfermedad se ha propagado de manera exponencial.

La cuarentena rígida permitió aumentar la capacidad de camas UCI con ventiladores para tratar los casos más graves, pero, hubo una gran improvisación en su atención pues el número de médicos capacitados para el manejo de estas Unidades de Cuidados Intensivos es limitado en el país. Colombia solo cuenta con 1200 médicos intensivistas. De tal manera que se tuvo que improvisar con personal de la salud para atenderlas. Falta una evaluación sobre las consecuencias de dicha improvisación y sus repercusiones en el alto número de fallecidos en esas Unidades de Cuidados Intensivos. Las políticas aprobadas mediante la emergencia económica y ambiental no enfrentaron los problemas reales por lo que atraviesa el sector. Por el contrario, el alto número de muertos así como de contagiados, ha dejado al desnudo las falencias y limitaciones de un privatizado sistema de salud. El 80% del personal sanitario existente en el país tiene contratos laborales precarios y la atención primaria en salud, prácticamente ha desaparecido o está muy debilitada, siendo el principal instrumento, para la atención de una pandemia como la que atravesamos.

Estamos atravesando la segunda ola de crecimiento de contagios con un personal de la salud fuertemente golpeado por el numero de muertos del sector que de acuerdo con las agremiaciones médicas supera los 170 salubristas fallecidos y con muchas falencias en cuanto a la dotación de los instrumentos de bioseguridad que a nueve meses de la pandemia aún no se ha resuelto en todas las regiones del país. Pero además el personal sanitario está fuertemente estresado y cansado por las difíciles condiciones en que tiene que realizar sus actividades para combatir el virus. Nada ha hecho el gobierno para mejorar estas condiciones laborales. En estas condiciones se afronta la segunda ola que se ha hecho critica en varias regiones del país, pero principalmente en Norte de Santander, Cesar, Antioquia y en Bogotá donde es mayor el crecimiento del virus. El gobierno no actúa, ha dejado todo en manos de la sociedad, en el autocuidado que se verá relajado por las fiestas navideñas y que nos puede pasar una factura muy dolorosa. La lógica del gobierno inepto es más o menos el sálvese quien pueda y como pueda. Solo actúan los gobiernos locales que tienen muchas limitaciones para ello.

Las tasas de desempleo han crecido, se mantienen por encima del 15% y con un subempleo que ronda al 60% de la población económicamente activa. La política económica es miserabilista. Los programas asistenciales no cubren a toda la población y las sumas de dinero que llegan a las familias son insuficientes. Se calcula que solo unos 7.5 millones de personas reciben estos pírricos auxilios que oscilan entre los 40 y los 80 dólares insuficientes para cubrir las mínimas necesidades. La coalición de gobierno pese a los resultados desastrosos se negó a considerar las propuestas sensatas y realistas de establecer transitoriamente una renta básica de emergencia. Dos proyectos que la proponían fueron hundidos por la coalición de gobierno en el Congreso de la República.

Las consecuencias no solo han sido desastrosas para las micro, pequeñas y medianas empresas que cerraron en la crisis aumentando el desempleo. El propio DANE ha señalado que el 28% de la población colombiana no tiene acceso sino a dos comidas al día y de ese 28% unos 6 millones de personas no tienen acceso sino a una comida diaria. Se vive una situación de hambre. No hay una política seria para hacer frente a esta realidad, pues, el equipo económico del gobierno considera que se debe mantener la austeridad en el gasto público que es muy bajo para hacer frente a la pandemia. Este gasto no llega al 4% del PIB como los ha señalado el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana que ha hecho un riguroso seguimiento al gasto público. Aún hay recursos económicos del Fondo de Emergencia, FOME, que fue creado para atender las secuelas de la emergencia. Este fondo no ha gastado aún los 28 billones de pesos que son los recursos asignados.

De modo que el manejo macroeconómico ha sido un desastre. Las ayudas a las empresas llegaron tarde para las micro, pequeñas y medianas empresas y esas ayudas además se concentraron en auxiliar a las más grandes, así como a las grandes empresas agroindustriales en desmedro de la economía campesina. Un manejo clasista de la crisis en que el sector financiero sigue cosechando grandes utilidades aún cobrando por hacer llegar los auxilios monetarios pírricos que el gobierno ha distribuido en las redes asistencialistas existentes. Y lo peor es que no se vislumbran cambios en esta errática política. El equipo económico del gobierno confía en una pronta recuperación de la economía sin poner en marcha políticas públicas para ello y por el contrario con una política económica que busca aún deprimir más los salarios en beneficio del gran capital.

En el plano político el cambio más significativo fue la conformación de una coalición mayoritaria del gobierno en el Congreso de la República lo cual logró a punta de entregar recursos públicos a los nuevos socios del Partido de la U y de Cambio Radical que ingresaron al gobierno con cuotas burocráticas y partidas regionales. Con ello garantizó domesticar al Congreso para que no ejerciera un verdadero control político a los más de 160 decretos legislativos expedidos bajo la figura de la Emergencia Social, económica y ambiental decretada desde el pasado mes de marzo. Con la anuencia de esas mayorías despareció el control político y se mantuvo al Congreso en sesiones virtuales sin reales motivos para ello. Pero a la vez se logró que las mayorías parlamentarias dieran visto bueno hundiendo las iniciativas de modificar el gasto público para hacer frente a la pandemia con proyectos como el de renta básica de emergencia. Es decir, el Congreso de la República se convirtió en el socio del gobierno para hacer oficial y pública la política miserabilista que ha profundizado la crisis. No se vislumbran por desgracia cambios en la política pública para hacer frente a las consecuencias desoladoras y devastadoras que nos ha dejado la pandemia. La consecuencia es por supuesto el hundimiento del gobierno en las encuestas que muestran cada vez más la impopularidad del gobierno donde cerca de un 70% de la población desaprueba a Duque-Uribe por el manejo que ha dado a esta tragedia.

Pero las cosas son más complicadas porque si bien todos los sectores independientes y de oposición se mantienen unificados en su accionar en el Congreso esa unidad desaparece al momento de plantear alternativas para derrotar a la coalición mafiosa y tradicional que hoy nos gobierna. El fantasma de la división que se presentó en el año 2018 entre el centro y la izquierda no ha desaparecido. No hay un poderoso movimiento desde la sociedad civil para garantizar la unidad y la derrota del régimen oligárquico que está muy bien representado en este gobierno. Sobre eso volveremos más adelante.

Por otra parte, la pandemia se atravesó al auge y ascenso en que venían los movimientos sociales. Si bien se han realizado grandes movilizaciones estás no han tenido la envergadura que tuvieron en el año 2019. Para destacar la gran jornada de protesta que se realizó durante el mes de octubre del presente año alrededor de la Minga Indígena que atravesó 5 departamentos del país y que fue protagonista de dos grandes movilizaciones en Bogotá. El año próximo será a no dudarlo de movilización que es la única respuesta posible frente a la desidia y negativa del gobierno aún para reunirse con las organizaciones y los movimientos sociales y la negativa a considerar los pliegos de solicitudes. Solo una movilización como la del 2019 logrará modificar esta política indolente del gobierno.

Finalmente debemos decir que el proceso de paz ha resistido a la andanada del gobierno con objeciones y obstáculos, para que los organismos salidos del acuerdo de La Habana puedan funcionar. Las objeciones presidenciales a Ley estatutaria que la rige a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le puso un obstáculo que, si bien fue derrotado en el Congreso en el año 2019, significó un retraso de 6 meses para que la JEP pudiera avanzar en su misión de satisfacer la verdad y la reparación a los más de 9 millones de víctimas existentes en el país. Luego tres intentos de entrampamiento que también fueron sorteados han significado un duro camino para su avance en un gobierno que hace todo lo posible por hacer que los acuerdos de paz fracasen. Esto tampoco se modificará en el próximo año. Al final del próximo año la Comisión para el esclarecimiento de la verdad deberá presentar su informe que ha sido obstaculizado con menores recursos para su funcionamiento y con la negativa para entregar información de organismos estatales que deberían hacerlo. Así pues, seguiremos en esta lucha por construir y avanzar en la implementación de los acuerdos en medio de una violencia desenfrenada que nos deja desde la firma de los acuerdos más de mil líderes y lideresas sociales asesinados, 244 desmovilizados de las FARC en proceso de reinserción también asesinados y 84 masacres con más de 360 personas asesinadas en lo corrido de este año. Un recrudecimiento de la violencia y un orden público resquebrajado con unas Fuerzas Armadas y de Policía divididas y fragmentadas con aumento de denuncias de connivencia de esa fuerza pública con grupos armados ilegales ligados al narcotráfico. Esta situación es la que enfrentaremos en el próximo año. Un año en que se desplegará la campaña electoral para las elecciones de Congreso en marzo del 2022 y presidencia de la República en el mes de mayo.

Bueno pero en medio de esta tragedia les deseo a todas y todos unas felices fiestas.

Bogotá 17 de diciembre de 2020

Por: Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)

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